Conste que la Constitución de 1978 me parece muy mejorable y que, en mi opinión, requiere de una reforma a fondo. Conste que parte de esa Constitución no se cumple, sobre todo en la igualdad de los españoles, vivienda, economía social y democracia interna de los partidos políticos. Conste que uno de sus artículos se cambió en una tarde mediante un vergonzoso acuerdo entre PSOE y PP, para beneficio de las entidades bancarias. Y conste que, a mi entender, ninguna Constitución es plenamente democrática si blinda a perpetuidad la jefatura del Estado en el seno de una familia, los Borbones en este caso, por no sé qué extraña legitimidad «de la dinastía histórica» (Artículo 57.1).

Además, la casta política se cisca en la Constitución cuando le viene en gana.

El pasado lunes, el PSOE fue capaz de firmar con Podemos un acuerdo de gobierno que dice: «El Gobierno apostará por una España fuerte y cohesionada, estructurada a partir de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Consideramos que el sistema autonómico ha dado a nuestro país la etapa de mayor prosperidad y estabilidad de su historia demostrando, por ello, ser el mejor sistema para garantizar la unidad y la diversidad. Esto no significa, sin embargo, que en su formulación actual sea perfecto y que no requiera de actualizaciones» (Punto 9).

Y tres días después ese mismo PSOE acordó con Esquerra Republicana de Catalunya (todo eufemismos y pésima redacción) lo siguiente: «En este espacio deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio en la sociedad catalana. En este sentido, ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a la validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político» (Punto 2).

Pero la Constitución consagra esto otro: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (Art. 1.2); «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos» (Art. 92); «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 32º. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum» (Art. 149).

En conclusión, que hay políticos a los cuales la ética, la ley, su palabra y su firma se las traen al pairo.