Sí, ya sé que escribí aquí mismo que el tema nacional me aburría profundamente. Y sin embargo, este es el tercer artículo seguido que le dedico. Para mí, el hecho de que alguien al que no le apetecía hablar de este tema, pase a no dejar de hablar del mismo, supone la constatación de que se está generando un clima asfixiante que hace que buena parte de nuestras preocupaciones giren en torno a esta cuestión. Califiqué de preocupante la situación, ahora creo que ya se está tornando peligrosa.

Insisto, por si a alguno alberga alguna duda, que no me mueve ninguna simpatía independentista. Es más, deseo firmemente que Cataluña siga formando parte de España, me entristecería que fuera de otro modo. Por decirlo de manera que puede resultar un poco chocante, mi perspectiva política pasa más por, por ejemplo, generar una entidad política ibérica, junto con Portugal, que todavía enriquecería más, cultural y políticamente a la península, que entrar en un proceso de secesionismos y nuevas patrias. Pero precisamente por eso, porque mi objetivo político es que Cataluña se quede, considero que lo que se está haciendo nos dirige, a corto o largo plazo, en la dirección contraria.

Sí, es cierto que la Generalitat no lo está poniendo fácil en todo este proceso. Pero la respuesta está resultando totalmente inadecuada. Nos argumentan que se trata de preservar la legalidad y de defender la Constitución. Sin embargo, fuera incluso de Cataluña se toman medidas que van, precisamente, en la dirección contraria. Se prohíben actos públicos, es decir, se coarta una libertad fundamental amparada en la Carta Magna, la libertad de expresión, bajo el pretexto de que en ellos se va a hablar en favor de un referéndum ilegal. Desde mi punto de vista, no solo es una actitud muy inquietante por parte de algunos jueces, sino una enorme torpeza. De lo poquito que escuché sobre el acto que se había realizado en Zaragoza, a pesar de la prohibición judicial, llegué a la conclusión de que nada, o muy poco, compartía con algunas de las voces nacionalistas que allí se expresaron. Es decir, que permitir el uso de la palabra no tiene por qué tener por efecto que alguien quede convencido de lo que escucha. Puede suceder todo lo contrario. Cuanto más escucho a Junqueras hablar sobre la legalidad de lo que proponen, más me convenzo de su falta de legalidad. Pero cuanta más Guardia Civil veo en las calles de Cataluña, cuando la veo despedida en las calles de Huelva al grito de «A por ellos» bajo un pasillo de banderas españolas, más entiendo el deseo de muchos catalanes de alejarse de un país que, al parecer, les odia. Y más siento que esa bandera es patrimonializada por una España con la que yo tampoco comparto apenas nada.

Ese clima asfixiante se vivió el pasado fin de semana en Zaragoza en la reunión convocada por Unidos Podemos. Es legítimo no compartir lo que allí se iba a plantear, sin duda. Pero un acto legal, ajustado a toda la normativa y en defensa del diálogo, fue boicoteado de manera violenta, agresiones incluidas, por una manifestación ilegal. Especialmente preocupante resulta que esa concentración fuera alentada, como han constatado diferentes medios, desde sectores de la policía. ¿Policías vulnerando la legalidad? ¿Concentrándose ilegalmente? Provoca perplejidad. Como también la provoca la actitud del Partido Popular. Primero, mintiendo, por boca de su portavoz municipal, Jorge Azcón, al respecto de las banderas del pabellón, que no fueron retiradas, segundo con la presencia de uno de sus dirigentes regionales en una manifestación ilegal y violenta en la que se exhibieron símbolos ultraderechistas, y, finalmente, por la actitud de un delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde que, probablemente por su comunión ideológica con los antidemócratas allí concentrados, desprotegió a los asistentes a una reunión política. Su cinismo le ha llevado, incluso, a culpabilizarles de lo sucedido. Me recuerda al «si es que van provocando», tan propio de genéticas casposas.

Precisamente, la defensa de la Constitución, de la legalidad y de los derechos fundamentales, que están siendo vulnerados no solo en Cataluña, sino en el conjunto de España, nos lleva a algunos a no estar ni con unos ni con otros. Y solo nos cabe decir: así, no. Ni un referéndum ilegal es el camino, ni la represión policial y judicial es la solución. Pero que en Cataluña existe una enorme movilización social, es un hecho al que, desde la inteligencia y la empatía, habrá que darle un cauce político. Dejando claro a la sociedad catalana, y digo a la sociedad, que queremos que se queden. Darles patadas en el culo no parece una apuesta inteligente.

*Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza.