El anuncio del Gobierno de que en el año 2040 no podrán matricularse automóviles con motores diesel o gasolina ha provocado toda una cadena de comentarios, rumores y declaraciones de lo más variopinto. En general, las opiniones de los políticos y comentaristas conservadores, la derecha de siempre, vamos, son contrarias a esta medida gubernamental, que tachan de irreal e improvisada. Tampoco son favorables los sindicatos, pues alegan que para fabricar un coche eléctrico hace falta un trabajador mientras en uno de motor de combustión se emplean cinco, y avisan que se perderán miles de puestos de trabajo. Los fabricantes lamentan que no se ha hablado con ellos para nada. Los ecologistas apoyan estas medidas, pero dicen que veintidós años de espera son demasiados y que deberían prohibirse antes estos motores tan contaminantes.
Ante tantas desinformaciones, los ciudadanos del común andamos un tanto desorientados, sin saber si cambiar el coche diesel por uno eléctrico, esperar a que se fabriquen baterías de más larga duración o se equipen muchos más puntos de recarga en gasolineras (supongo que se llamarán «electroneras»).
A mí, todo este asunto me parece un despropósito. El Gobierno ha puesto en marcha un plan sin tener previstas alternativas y sin contar con nadie, ni siquiera lo ha hecho con los fabricantes de automóviles, uno de los sectores más importantes de la industria en España, que es el segundo país de Europa en fabricación y exportación de coches. Los sindicatos han dado argumentos peregrinos, pues si hace falta cinco veces más mano de obra para fabricar un coche convencional que uno eléctrico y los motores son mucho más sencillos, ¿por qué son entonces mucho más caros los autos eléctricos?
Lo cierto es que los combustibles fósiles provocan un efecto contaminante letal para nuestro planeta, y no se puede seguir así. Algunos países, siguiendo las recomendaciones de los científicos, están aprobando medidas de choque, invirtiendo en energías renovables y poniendo en marcha planes a medio plazo para suprimir la emisión de los gases que aumentan el efecto invernadero y aceleran el cambio climático.
Pero, en el fondo, la producción energética es un asunto económico. Existen demasiados intereses, se baraja mucho dinero y los Estados cobran altísimos impuestos como para permitir que los ciudadanos tengan acceso a unas fuentes de energía baratas, renovables o incluso autosuficientes. Por eso, me temo que estos anuncios del Gobierno son meros artificios electoralistas. Al tiempo.
*Escritor e historiador
