La afirmación de un etarra de que los cocineros Juan María Arzak, Pedro Subijana, Martín Berasategui y Carlos Arguiñano pagaron la extorsión de ETA ha bastado para que algunos medios iniciasen una campaña de desprestigio contra ellos. El acoso no parece que vaya a tener consecuencias judiciales, ya que Arzak y Subijana, citados por el juez que los imputó por colaborar con banda armada, quedaron ayer, de momento, en libertad sin cargos.
La justicia tiene el deber de obstaculizar las vías de financiación con que ETA mantiene a sus comandos y alimenta sus arsenales. Pero hasta ahora siempre se había tenido la sensatez de diferenciar entre los colaboradores voluntarios de la banda y las víctimas de sus coacciones, que son la práctica totalidad de las empresas en el País Vasco.
No se puede criminalizar a nadie por carecer de coraje ante el chantaje. Pero sí se debe pedir, a quien tiene relieve público, que cumpla con el deber cívico de hablar alto y claro contra la violencia. Porque cuando ETA asesinó a un modesto colega suyo, esos grandes profesionales de la cocina no reaccionaron con la inmediatez con que ayer se redactó un manifiesto en defensa suya.
