El partido ultraderechista Vox ha intentado vetar a los periodistas de El País y la cadena SER el seguimiento de su campaña electoral, una decisión intolerable que se suma a las trabas que la formación está poniendo a otros muchos medios, entre ellos cuatro televisiones, dos emisoras de radio, el diario El Mundo y seis publicaciones digitales. En el caso de los periodistas del grupo Prisa, el veto se produce como respuesta a un editorial crítico, como reconoció con desfachatez Rocío Monasterio. Como acertadamente destaca un comunicado de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), se trata de «una grave vulneración del derecho constitucional a la libertad de expresión, que ampara a su vez los derechos de libertad de prensa y de información, pilares fundamentales de nuestra democracia». Unos derechos que la Junta Electoral Central ha decidido proteger al dictaminar que el partido no puede vetar el acceso a actos electorales de carácter público. Un partido político no puede impedir el ejercicio de la libertad de informar y menos en una campaña electoral en la que debe primar la igualdad de oportunidades. Estos vetos solo demuestran la concepción que Vox tiene de las libertades y el peligro para la salud democrática que representa . Pero Vox no solo ha pretendido impedir el ejercicio del periodismo sino que, encima, denuncia en sus mítines una «campaña coordinada y sistemática de criminalización» del partido y el «corporativismo de los medios» cuando ha podido participar en pie de igualdad en los debates y su presencia en los medios, en función de las expectativas, es superior a la que le correspondería por su dimensión parlamentaria. Lamentablemente lo mismo ha sucedido en Cataluña con otro episodio: la aparición de carteles en los que se denuncia a periodistas incluyendo sus fotos, sus nombres y apellidos y el medio para el que trabajan. La libertad de expresión, en campaña y fuera de ella, no depende del bando que se exprese.
