Mañana, 17 de junio, se celebra la segunda vuelta electoral para elegir el nuevo presidente de la República de Colombia. Se trata de una elección inusual, pues los candidatos en liza representan los dos extremos de la oferta política: la derecha populista y la izquierda de origen guerrillero.

La primera está encabezada por Iván Duque, que consiguió un 39,1% del sufragio en primera vuelta, y representa el ala más dura del uribismo revanchista que pretende revisar a la baja los acuerdos de paz del 2016, reformar el sistema judicial para reducir su independencia, y profundizar el modelo de desarrollo basado en la economía extractiva y la privatización de tierras. La segunda, liderada por el exmiembro de la guerrilla M19 y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, abandera un programa muy ambicioso que promete una Administración que combata las desigualdades y que consolide las medidas firmadas en los acuerdos de paz. Petro consiguió el 25% del voto, solo un 1.3% más de votos que Sergio Fajardo, candidato de centro-izquierda que de haber llegado a la segunda vuelta hubiera ganado la contienda con comodidad.

Sin embargo han llegado a la segunda vuelta dos candidatos que concitan un notable rechazo en diversos sectores de la sociedad, rechazo incrementado por el despliegue de una campaña electoral negativa que pretende destruir al adversario y apela al miedo. Así las cosas, las encuestas señalan que al 52% de la población colombiana le da miedo una posible victoria de Petro, a quien tildan del admirador de Chávez y de Venezuela, y al 44% le da miedo la llegada de Duque al poder, al significar la vuelta del uribismo.

No sabemos cuál será el desenlace electoral el día 17 de junio, pero todo indica que el nuevo ciclo de la política colombiana será bronco y polarizado, y seguramente administrado por el uribismo. Esto supone un mal escenario para enfrentar los múltiples y complejos problemas que presenta el país, entre los que destacan el cierre de la violencia política (la implementación del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto con las FARC, el desmantelamiento de los paramilitares y el cierre de la negociación con la última guerrilla en activo, el ELN); el despliegue del Estado en todo el territorio nacional; una mayor atención a los desplazados (Colombia es el país con mayor número de desplazados internos del mundo junto con Siria); la protección de los recursos naturales frente a la voracidad de las industrias extractivas y la disminución de la brecha social.

A la luz de lo expuesto quedan ya muy lejos las esperanzas que se concitaron al inicio de la Administración de José Manuel Santos, en el 2010, de construir un país más inclusivo y respetuoso. Hoy el futuro de Colombia parece más alineado con lo que acontece en su vecino Brasil, caracterizado por el declive de los partidos tradicionales, la emergencia liderazgos populistas y la erosión de las instituciones democráticas.

*Profesor de Ciencia Política e investigador asociado del CIDOB