Hablar de las comarcas es un tema controvertido. Uno de esos temas antipáticos que no tienen buena prensa. A los políticos les salen erupciones cada vez que alguien intenta controlarlas, como ha hecho recientemente la Cámara de Cuentas con sus presupuestos de escándalo. Resulta que el 40% de los 155 millones que manejan se destinan a personal, que es lo mismo que decir que los 2.102 trabajadores de las comarcas más los 791 consejeros se forran cada mes por formar parte de esta élite rural cuyo cometido es más que prescindible. En las comarcas hay cargos tan curiosos como el de vicepresidenta cuarta del consejo comarcal; lo que quiere decir que también debe haber una tercera, segunda y primera. En 2012 se publicó que la persona que ostentaba este cargo en una comarca cobraba 24.000 euros al año y si eras presidente con dedicación exclusiva se llegaba a cobrar 52.538 euros. Además para redondear el escándalo estos señores y señoras que se sientan en las sedes comarcales tienen otros salarios. En el país de los recortes y de la dieta de austeridad europea resultan anacrónicas estas administraciones inventadas para asegurar el clientelismo político y ser un nicho de votos de estómagos agradecidos.
Las 33 comarcas aragonesas salen demasiado caras para los tiempos que vivimos donde sobran cargos públicos de dudosa eficacia. De acuerdo que se prestan servicios en acción social, cultura, deportes, juventud, residuos, antiincendios y turismo. Los mismos servicios que siempre han recaído en los ayuntamientos, diputaciones provinciales y en la DGA. Entonces, yo me pregunto: si estos servicios los prestaban antes, y los siguen prestando ahora en según qué casos, las otras administraciones ¿para que están las comarcas? La clase política es muy dada a crear monstruos burocráticos para albergar abstracciones que en realidad esconden sus sueños de poder con dinero ajeno. No deja de extrañar que en Zaragoza las instituciones públicas recorten presupuestos, cierren centros, las bibliotecas de la DGA no tengan para adquirir nuevos fondos, a la universidad de Zaragoza se la ahogue financieramente, o se nieguen mejoras en la escuela pública; y que sin embargo las comarcas resulten intocables. Y que cada vez que se propone su disolución o la reducción de sus competencias para ajustarlas a la realidad los partidos interesados en su mantenimiento pongan el grito en el cielo.
CUANDO estudiaba bachillerato se hablaba de "justicia distributiva". Hoy no se cumple porque resulta demasiado radical para algunos. A mi me parece muy bien que las comarcas gocen de 256 campos de fútbol, 462 frontones, 269 pabellones, 962 piscinas abiertas y cubiertas, 931 pistas polideportivos y 415 salas polivalentes, entre otros servicios. De la misma forma que me parece muy mal que los barrios de Zaragoza con muchos más habitantes carezcan de semejante bonanza en servicios e infraestructuras de forma casi permanente e histórica.
Periodista y escritora
