Cuando el PP aragonés alcanzó el poder en las autonómicas del 2011, la crisis económica ya llevaba tres años azotando a las clases más desfavorecidas del país, unos segmentos sociales que se habían incrementado masivamente con la incorporación de capas trabajadoras que habían perdido el empleo y la posibilidad de hacer frente a vivienda y gastos de supervivencia. La ratificación electoral del PP en las generales del mismo año, con la conquista de una mayoría absoluta que le permitió desdecirse del mensaje abonado en la campaña electoral y apostar por unas reformas que se tradujeron inmediatamente en recortes de los servicios públicos y la atención social con el objetivo de enjugar un déficit desbordado del que los populares no se sentían responsables, atribuyéndolo a la herencia, no hizo sino empeorar la situación social de los más necesitados. Y cada día había más. Y menos recursos destinados a ellos. Tres años después, mientras los mensajes oficiales intentan que cale en la ciudadanía el mantra de la recuperación, atisbada objetivamente por algunos datos macroeconómicos, a pie de calle continúan las carencias que se han ido acumulando en esta legislatura. Un periodo en el que también los datos objetivos hablan del incremento de más de un millón de parados sobre los heredados, del aumento de la desigualdad, de la cronificación de tasas inadmisibles de pobreza infantil... Un escenario en el que la comida en el colegio ha pasado a ser de un servicio mayoritario de comodidad familiar para compatibilizar los horarios de alumnos y padres a una oferta nutricional indispensable en demasiados casos. La consejera de Educación, Dolores Serrat, impuso medidas exigentes para optar a las becas de comedor, aduciendo incluso que su departamento era educacional, no de asistencia. Aunque ha habido rectificaciones visto el despropósito, como el de las medias becas, el planteamiento de negar la falta de alimentación de abundantes niños --lo que en muchos colegios conocían y conocen bien-- ha llevado a persistir en los recortes, con una falta de sensibilidad social solo comprensible por desconocimiento. Ha tenido que ser una partida asistencial del Ministerio de Sanidad --además de algún órdago municipal-- la que obligue a la DGA a plantearse ayudas para el verano, cuando no hay clases, pero sigue el hambre. Con sistemas sociales eficaces y dotados, no tendrían que abrir los colegios.