Al fin, PP y PAR se han encogido de hombros mientras abren la puerta a investigar lo sucedido en la CAI, tal y como pedía la oposición. En pocos días, dos comisiones parlamentarias deberán ponerse a trabajar simultáneamente, una dilucidando las responsabilidades políticas habidas en los presuntos sobrecostes de Plaza; otra resolviendo la misma incógnita en relación con la citada caja de ahorros. El PSOE ha jugado fuerte para poner en marcha ambas encuestas, pese a que corre el riesgo de salir mal parado.

¿QUÉ OTRA COSA CABÍA HACER?

En las Cortes aragonesas nadie podía negarse a investigar unos escándalos de tanta envergadura y con tan obvias implicaciones políticas. El descrédito de las instituciones y de quienes las dirigen es ya mayúsculo. Si se pretende afrontar tal situación, habrá que mover ficha, dar respuesta a la justa indignación ciudadana y repartir de alguna manera las culpas correspondientes.

Porque cuando una sociedad pública y una entidad financiera de carácter social (con gran presencia institucional en su consejo de administración y su asamblea general) sufren tan evidente saqueo, no estamos ante un simple delito sino ante una anomalía política de primer orden. La cosa atañe pues a los tribunales pero también al parlamento; en esta ocasión, al aragonés.

UNA ATMÓSFERA MUY ENRARECIDA

La ciudadanía se asoma a diario a una crónica judicial llena de nombres conocidos. La avalancha arroja titulares que van de lo tremendo (ese sobrecoste cienmillonario detectado en Plaza o el hundimiento de la CAI) a lo previsible (el supuesto fraude fiscal detectado en las cuentas del Real Zaragoza) pasando por la pura astracanada (las diligencias de la Guardia Civil contra el nieto de Franco). Todo ello genera una atmósfera enrarecida, casi irrespirable. Un país serio y organizado no puede convertirse en escenario de semejantes disparates.

Harán bien los partidos con representación institucional en tomarse todo esto muy en serio. Han pasado cosas que jamás debieron haber sucedido, y ha sido demasiado evidente el saqueo de unos recursos que hoy deben ser retraídos de los servicios sociales más básicos. Es hora de dar explicaciones y de hacerlo respetando por una vez la inteligencia de la muy sufrida ciudadanía.