En su primera comparecencia en Bruselas como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy quiso seducir a las autoridades políticas y financieras de la Unión con el anuncio de una reforma laboral que "podría costar una huelga general". Antes, quiso comentarle a la cancillera alemana que la reforma colmaría las exigencias de los mercados y seguiría las pautas de desregulación y confianza empresarial tantas veces demandadas por Berlín. Es decir, mientras en España insistíamos en la necesidad de un encuentro --que nunca existió-- del Gobierno con los interlocutores sociales para conocer los ejes básicos de la reforma antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, en Europa ya celebraban su contenido.
En esta ocasión, ni siquiera abusaron del recurso al empleo como coartada. Hubo, incluso, algún escarceo dialéctico entre los dirigentes conservadores sobre la bondad de esta reforma para crear empleo --unos creen que sí, otros que no--, aunque fueron De Cospedal y Aguirre las encargadas de poner las cosas en su sitio: la reforma es un golpe al poder contractual de los sindicatos, "que han estado callados en los últimos siete años y protestan ahora que gobierna el Partido Popular".
Rajoy lo dijo en el Congreso: a lo largo del 2012 se seguirán destruyendo puestos de trabajo. Quizá haya aprendido de la reforma del 2010 y de las palabras de Zapatero: "Esta reforma será una oportunidad para el empleo". Veinte meses después tenemos 750.000 parados/as más.
A pesar de las distintas interpretaciones sobre cómo afrontar la crisis, hay un consenso muy amplio sobre la desregulación financiera como su causa principal. La constatación del desastre hizo aflorar en un principio buenas intenciones para abordar medidas estructurales; pero el paso del tiempo ha limitado mucho esas expectativas, y en cada país se han adoptado las medidas consideradas oportunas, sin haberse conseguido avances de carácter supranacional tal y como se propuso en las primeras reuniones del G-20.
En este terreno es muy decepcionante comprobar la ausencia del adecuado castigo a los causantes de la crisis. Los accionistas de algunos bancos han perdido parcial o totalmente su dinero, pero los ejecutivos que se lucraron desmesuradamente durante una larga etapa mientras estafaban a buena parte del mundo no han sido apenas penalizados.
Y así, los gobiernos de la UE pronto abandonaron los estímulos públicos para animar la inversión y el empleo. El lema pareció ser: todos contra el déficit; el empleo puede esperar. Y, por supuesto, para apuntalar el discurso liberal y hacer méritos ante las instituciones financieras y Merkel, Rajoy cerró el círculo: inflexibilidad ante el déficit, reforma financiera --aún en pañales-- y mano dura contra los sindicatos con una reforma laboral ejemplo de desregulación en toda Europa.
Esta reforma laboral está inspirada en cinco ideas:
1) La indemnización habitual por despido será de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, aplicable a todo el universo de trabajadores.
2) Supresión de la autorización administrativa para los despidos colectivos, manteniendo la decisión comunitaria de un periodo de consultas, pero sin exigir un acuerdo con los representantes de las plantillas.
3) Ampliación de las prerrogativas del empresario para inaplicar el convenio en vigor por distintas causas --incluida la cuantía salarial--. El proceso tiene garantías de participación, pero si no hay acuerdo permite la rescisión de contratos por despido procedente con un requisito muy fácil de cumplir por el empresario y que, además, es fácilmente manipulable.
4) El convenio de empresa prevalece sobre cualquier otro y su inaplicación puede ser suscrita por el empresario con una comisión ad hoc formada por tres trabajadores elegidos democráticamente.
5) Se regula el régimen de ultractividad de los convenios con objeto, según los autores de la ley, de procurar que la negociación colectiva sea un instrumento, y no un obstáculo; y adaptar las condiciones laborales a las circunstancias de cada empresa.
La filosofía de esta profunda reforma es la de crear un nuevo marco que facilite la creación de empleo. Considera que el empresario se decantará por el contrato indefinido debido a la facilidad para ajustar plantillas con un menor coste (el despido procedente será el habitual; y el improcedente, una rareza) y para imponer todos sus criterios en la determinación del salario y las condiciones laborales de la plantilla. Todo ello, a pesar de mantener dos tipos de contratos temporales (uno estricto, y otro camuflado durante un año sin coste de despido).
Por eso, CCOO lleva tiempo denunciando que el origen de la crisis no está en el mercado laboral ni en el costoso Estado del bienestar. La crisis la ha generado el sector financiero especulativo que ha actuado sin ningún tipo de escrúpulo ni control para conseguir los mayores beneficios en el menor tiempo posible.
Es necesario decirle al país que hay otra forma de hacer las cosas; que urge concertar esfuerzos y recursos en alcanzar un Pacto por el Empleo con la participación de los interlocutores sociales, las fuerzas políticas parlamentarias y los poderes públicos; que las reformas urgentes e inaplazables son la fiscal y la financiera para promover la reactivación económica, la creación de empleo y la circulación del crédito.
El Gobierno debe rectificar, retomar el diálogo social y negociar. Nosotros vamos a desplegar una amplia, sostenida e intensa campaña de información y movilización sobre las consecuencias de esta reforma. El conflicto está abierto. El Gobierno tiene la palabra.
Secretario general de CCOO
