Sería un gran error plantear en estos momentos en Zaragoza un debate entre la sanidad pública y la sanidad privada. Ni es el momento ni a nivel institucional se está planteando esto. El Gobierno municipal de Jorge Azcón ha visto una buena oportunidad de obtener dinero fácil para las arcas públicas, bastante adelgazadas por razones obvias, subastando (más o menos) unos terrenos y ofertándolos al negocio de las clínicas privadas. Se puede criticar esta decisión, como se puede hacer con cualquier inversión que apunte hacia Aragón, incluso se puede poner en tela de juicio que sea la más recomendable o si sería mejor intentar obtener dinero con otras acciones, o si actualmente es necesario o no un macrohospital privado en Zaragoza. Pero lo que es evidente es que un hospital de estas características no puede ni debe restar dinero público para la sanidad (el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene competencias en la materia). Otra cosa es que la actuación se promueva desde una institución pública. Y es que para un sector tan sensible como el sanitario siempre es complicada la suma entre lo público y lo privado y más si la inversión viene avalada con la colaboración de instituciones que representan a todos los ciudadanos.
Con la crisis del coronavirus se ha demostrado en Aragón que la sanidad pública ha sabido responder a la situación, con problemas como la falta de material y con algunos fallos sobre todo al principio, pero mucho mejor que en otras comunidades. Se fue capaz incluso de montar dos hospitales de campaña, de los cuales uno, el de la Feria, ahí se queda por si es necesario, se ha podido hacer frente a la pandemia y se está atajando mejor que en otros territorios, y la sanidad privada ha sido un complemento muy poco relevante en estos meses. Es verdad que hay un dato llamativo: en Aragón hay 100.000 tarjetas sanitarias privadas, lo que significa que son muchos los aragoneses que comparten médicos públicos con privados. Clínicas que se está viendo en momentos con muchas listas de espera, por ejemplo, que son capaces de eliminar presión a la sanidad pública y que, aunque estos servicios sí le cuestan dineros al erario público, por el mantenimiento de esos centros hospitalarios la comunidad autónoma no paga ni un euro.
En este contexto, que a Zaragoza pueda llegar un gran hospital de una de las empresas del negocio sanitario que hay en España, no un fondo buitre que luego tiene sus extraños movimientos, en principio no debería molestar. No es momento de bombardear ninguna inversión que llegue al territorio a pagar impuestos, a crear empleo, y muchos de alto nivel, traiga la máxima tecnología para luchar contra enfermedades como puede ser el cáncer y se presente con un proyecto de 500 camas y más de cien millones de euros de inversión. De entrada eso genera riqueza. Pero bien distinto es que el proyecto venga de la mano de una institución pública como es el caso del Ayuntamiento de Zaragoza. En materia de sanidad, educación y servicios sociales, desde las instituciones hay que respetar las inversiones privadas pero nunca se debería colaborar en esos proyectos. Solo una sanidad fuerte garantiza la salud de todos sin discriminación y desde la parte pública no puede verse la sanidad como un negocio ni comparar esta inversión con las de otros sectores.
Un hospital privado de estas características es un proyecto sensible porque levanta sospechas de que beneficia a los poderosos de siempre de la ciudad. Y el grupo Quirón, que es la clínica que desde el primer momento se ha ligado a este hospital, hace tiempo que aspiraba a un nuevo centro hospitalario en Zaragoza. Hace unos años se dijo que quería levantarlo cerca de La Romareda y del hospital Miguel Servet, complementado incluso con edificios de apartamentos para el personal sanitario al encontrarse en una zona no muy alejada tampoco del hospital Clínico. Había hasta bocetos del proyecto. Al truncarse la reforma de La Romareda y su entorno, el ayuntamiento le abre ahora otra oportunidad con los terrenos de la zona de Gómez Laguna, entre el Olivar y la Cooperativa del Taxi.
Nadie duda que un hospital bien montado y bien dotado puede hacer de Zaragoza un lugar de referencia y en ninguna medida debe de ir en perjuicio de la sanidad pública, pero sí que es un valor que desde las instituciones tiene que defenderse. Por eso hay que cuidar cómo se enfoca el debate. No es sanidad pública o sanidad privada. Será si la opción del Gobierno municipal PP-Cs (con el apoyo necesario de Vox) es la más adecuada para mejorar las arcas municipales y para que la ciudad gane peso específico con una nueva infraestructura.
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