El Ministerio de Industria considera que el recibo de la luz puede bajar en adelante una media del 3% anual, lo que no es un asunto menor si se tienen en cuenta los encarecimientos de los últimos años. Esa reducción de la cuantía final del recibo se producirá como resultado del nuevo sistema de cálculo del coste de la energía, es decir de lo que está relacionado directamente con el consumo de cada abonado, que supone en torno al 40% de la factura. El Gobierno ha decidido eliminar las subastas clásicas con las que hasta ahora se fijaba el precio medio de la electricidad. La última vez que se tuvo en cuenta ese sistema, en diciembre, el resultado fue nada menos que un incremento del 11% para la factura del primer semestre de este año. Las subastas se seguirán haciendo --a diario--, pero en ellas no intervendrán las instituciones financieras que nos blindaban contra altibajos en los precios --oscilaciones que nunca se han producido, al menos de forma ostensible-- a través de un seguro. Es posible que la desaparición de esas pólizas ocasione algún vaivén, pero los técnicos del Estado dicen ahora que en todo caso serán menores. Además, los particulares podrán acogerse a una tarifa plana, como en la telefonía.

CAMBIOS EN LOS CÁLCULOS

La historia de la generación y distribución energética es la de un monopolio, público o privado, que ha ejercido no solo en España, sino en todos los países. Es una industria estratégica de alto rendimiento económico que en los últimos años ha vivido episodios de vodevil en nuestro país con un resultado claramente negativo para los intereses de sus ciudadanos. Solo los habitantes de Malta, Estonia y Letonia pagan más cara la electricidad que nosotros. La liberalización del sector, que no tiene otro sentido político y económico que el beneficio de los ciudadanos, ha comportado un encarecimiento del 63% entre el 2008 y el 2013. Cabe preguntarse, a la vista de los acelerados cambios en los cálculos de los costes y de las descalificaciones de los sistemas de subastas luego corregidas, si quien lleva las riendas de este asunto tiene un control integral de lo que tiene entre manos. Esa interrogación cobra todo su sentido cuando vemos el escandaloso número de exministros, exvicepresidentes y expresidentes de gobiernos españoles que asesoran, tras dejar la política, a empresas energéticas.