Desde las más tempranas épocas de la humanidad, el juego político ha tenido en el acceso a la palabra, a la expresión, su herramienta fundamental. Por ello, reducir al silencio al contrario ha sido, y es, una de las estrategias más eficaces para imponer el propio dominio, pues al apagar la voz del otro, desaparece su presencia política. Ya Homero lo mostró de modo ejemplar, e interesado, en los cantos iniciales de la Iliada, cuando Odiseo, en una asamblea del ejército en la que se atreve a tomar la palabra el plebeyo Tersites, le hace callar a golpes, recordándole que "no tiene derecho a hablar en la asamblea de los reyes, hijos de los dioses". Homero, como defensor del orden aristocrático, recuerda al pueblo que le escucha que su condición debe ser la del silencio.
Los regímenes autoritarios se han caracterizado siempre por la restricción de la libertad de expresión. Por contra, las democracias han consagrado en sus constituciones esa libertad como un derecho fundamental. Pero como muchos otros derechos que aparecen en nuestras cartas magnas, se ha convertido en un derecho vacío de contenido. En nuestras sociedades autoproclamadas democráticas, la restricción de la palabra no se realiza mediante la prohibición, sino imposibilitando el acceso a la inmensa mayoría de la población, vía económica, a la expresión eficaz de la información. Los grandes poderes económicos controlan la comunicación en las sociedades actuales, poseen periódicos, radios, televisiones, con lo que su versión de la realidad es la que aparece de modo aplastantemente mayoritario, silenciando, además, aquello que no les interesa que se conozca. Es decir, formalmente nadie restringe nuestra libertad de expresión, pero, de hecho, solo los poderosos pueden ejercerla de manera efectiva. De ahí que la profunda manipulación de la realidad por los medios se haya convertido en un lugar común en sociedades presuntamente libres.
Que esta es una cuestión clave para una sociedad democrática, es difícilmente cuestionable. Lo sabían los antiguos griegos, que, como nos recuerda Castoriadis, tenían disposiciones legales para perseguir las informaciones fraudulentas y engañosas. Toda iniciativa aprobada en la asamblea que hubiera sido defendida con argumentos mentirosos y engañando al pueblo era derogada inmediatamente y sus promotores encarcelados. Situación contraria a la que vivimos en nuestras sociedades, en las que las decisiones políticas son publicitadas con argumentos que, muchísimas veces, contradicen la realidad. En este sentido, la casta política dirigente y los poderes económicos han sellado una alianza de la que los medios de comunicación sistémicos, la inmensa mayoría, son cómplices interesados. Cuando esos medios están sostenidos por bancos y grandes empresas que practican la corrupción y que defienden, a muerte, sus intereses particulares, nada puede esperarse de ellos desde una perspectiva democrática.
Nuevamente es en América Latina donde se nos muestran nuevos caminos democráticos. Ecuador ha aprobado una nueva ley de comunicación que impide, por ejemplo, que las grandes empresas ostenten la titularidad de los medios de comunicación, o que divide el espacio comunicativo en tres tercios, público, privado y comunitario, dejando un tercio del espacio para medios de origen social. Lo que es un avance innegable en el proceso democrático, pues concede voz a la sociedad sin quitársela a nadie, ha sido presentado por los de siempre como un atentado a la libertad de expresión. Ley mordaza la han calificado los grandes medios a sueldo de las multinacionales y los bancos, en un nuevo ejemplo de los ataques que sufren por parte de sectores reaccionarios los intentos de democratización en América. Los que amordazan a sociedades enteras no quieren ver cuestionados sus privilegios.
No vivimos en una democracia, sino en una plutocracia, en la que los poderosos controlan todos los mecanismos del poder, desde la justicia hasta la política, pasando por la comunicación. La democratización de la sociedad pasa por la democratización de todos y cada uno de esos sectores, actualmente secuestrados desde mafias corruptas, como cada día se hace más evidente. No cabe duda de que hay una tarea ímproba por delante. ¿La abordamos o seguimos pensando qué puesto me toca en la lista electoral?
Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza.
