La práctica totalidad de los trece centros privados a los que el Departamento de Educación anuló el concierto de una de sus vías habían obtenido menos solicitudes que el curso pasado, y en muchos casos muy por debajo de las plazas ofertadas. El dato es pertinente porque se está intentando hacer creer lo contrario, de la misma manera que se alegan falsos derechos constitucionales y otras retorcidas consecuencias de la supuesta libertad de elección para mantener la falacia de que la enseñanza pública (pero pública-pública) es una imposición del Estado para aleccionar a la infancia y joder a las familias. Puro delirio reaccionario.

¿Tomamos como referencia La Anunciata de Zaragoza, 25 solicitudes para 44 plazas, donde ningún alumno se quedaría fuera pese a suspenderse el concierto para una de sus dos vías? ¿O el Sagrada Familia, 50 plazas y sólo 35 solicitudes, 10 de las cuales provienen de familias avecindadas a más de cinco kilómetros del centro y que pueden escolarizar a sus hijos en otros colegios públicos o concertados? ¿Qué me dicen del Calasancio, con sus 7 solicitudes para 25 plazas y ubicado asimismo en una zona donde existen otras muchas alternativas? ¿Y del Escuelas Pías de Santa Engracia (11 solicitudes para 23 plazas), del Escuelas Pías de Jaca (25 solicitudes para 66 plazas), del Santa María de la Esperanza de Pina (5 solicitudes para 21 plazas) o del Santa Ana de Fraga (22 solicitudes para 44 plazas)? Por no hablar del muy demandado, ese sí, Teresiano del Pilar, que se ubica en la autovía de Logroño (desde Zaragoza) por lo que la inmensa mayoría de sus potenciales alumnos deberán ir en autobús desde distancias superiores a los tres kilómetros. Si con estos datos todavía caben dudas sobre la necesidad de poner orden en la planificación educativa y reducir conciertos innecesarios, será que nos estamos volviendo locos (o tontos, que es mucho peor). Porque el dinero destinado a esos convenios con centros privados donde la demanda baja curso tras curso se detrae del conjunto del sistema, impidiendo la mejora de colegios públicos ubicados, por ejemplo, en los setecientos diez municipios aragoneses carentes de cualquier opción alternativa; o sea, allí donde no existe un solo centro privado (ni concertado ni sin concertar) por la simple razón de que no hay negocio posible.

La privada concertada no parece ser la maravilla que algunos cuentan. Sus alumnos llegan a la Universidad con notas hipertrofiadas. Más les vale, porque sus resultados en el examen de acceso suelen ser bastante menos brillantes. Y por supuesto la falacia del derecho a elegir centro choca con la imposibilidad objetiva de que el Estado pague los deseos o caprichos de cada familia. El departamento de Educación del Gobierno de Aragón está obligado a planificar según las necesidades concretas en cada ámbito territorial, bajo los criterios de igualdad de oportunidades y mediante una oferta de calidad esencialmente pública. Ya es bastante.

Lo demás (autos judiciales incluidos) son prejuicios ideológicos, manías, aspiraciones inducidas, mala información... y poder. Y negocio, claro.