El informe de CGT Enseñanza en el que, con datos oficiales de la consejería de Educación, se refleja que el 61% de los centros concertados segregan a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo no puede quedar en una simple estadística. Hay concertados que no segregan y tienen un porcentaje de este tipo de alumnado por encima de la media. Pero sería razonable y exigible desde la Administración que las aulas privadas financiadas con recursos públicos acojan en la misma proporción que las públicas los alumnos de este tipo. No puede haber privilegios en este asunto.
