Los meses de restricciones como consecuencia de la pandemia ha provocado una lógica caída de usuarios del bus y el tranvía en la ciudad de Zaragoza. Durante el año 2020 se realizaron más de 50 millones de viajes menos, algo lógico si se tiene en cuenta que durante más de tres meses no se podía salir de casa salvo para cuestiones esenciales y después la movilidad ha seguido muy restringida. La consecuencia principal de esta caída de usos del transporte público en la ciudad de Zaragoza es que deja un agujero económico, uno más, a las arcas municipales de aproximadamente 23 millones de euros. Esto se debe a que el ayuntamiento paga a Avanza, concesionaria del transporte público, por kilómetro recorrido, en lugar de por número de pasajeros.

Este método de pago, que siempre ha generado debate, podría llegar a replantearse cuando se tenga que revisar la contrata, en el 2023. Porque es un buen negocio para la empresa de transporte cobrar por kilómetro, de este modo cuantos más se hagan, mejor para las multinacionales que optan a estos tipos de contratos. Cierto es que durante los meses de confinamiento el consistorio decidió acertadamente mantener el servicio de autobús para prestar servicio a aquellos ciudadanos que lo necesitaran, y de hecho ha sido de las pocas grandes ciudades que lo ha mantenido. Tan solo ha suspendido, y sigue así con lógica ante el decreto de toque de queda, las líneas nocturnas del fin de semana, que también supone un ahorro al municipio.

En cualquier caso, el transporte público ha funcionado correctamente, se respetan las medidas de seguridad (de forma más clara en el autobús que en el tranvía, ya que el control de aforos es más complicado) y muchos ciudadanos aceptan con resignación la espera de otro vehículo si consideran que el que llega a una parada está ya al límite de su aforo. Ahora el problema estriba en que esos 23 millones de agujero se suma a los muchos que ya hay en las arcas públicas. El alcalde ya pide ayuda. Habrá que ver si llegan de los fondos covid.