El Ayuntamiento de Zaragoza no podía permanecer al margen del conflicto de los trabajadores de FCC Parques y Jardines. En primer lugar porque sus movilizaciones afectan al servicio y porque las denuncias de los propios trabajadores sobre los incumplimientos de la empresa con sus obligaciones son para analizarlos con detenimiento. Y todo procede de una decisión unilateral de la adjudicataria de reducir un 21% el salario solo dos meses después de hacerse cargo de la contrata. El Gobierno municipal está obligado a entrar en el conflicto.
