El controvertido Impuesto por la Contaminación de las Aguas (ICA) sigue tensando las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde que la primera de ambas instituciones reclamó a la segunda el censo de sus contribuyentes para endosarles la nueva tasa, la pugna entre ambas no ha cesado. Recientemente, desde el Pignatelli se ha acusado a la Casa Consistorial de no haber remitido a los recaudadores... el propio domicilio fiscal del municipio cesaraugustano, y uno de los concejales más polémicos, Pablo Hijar, delegado de Vivienda y Deportes, rompió en público su recibo del ICA.

Para muchos zaragozanos, el ICA es un impuesto redundante, puesto que la ciudad ya pagó y paga la depuración de sus propios vertidos. Peor todavía: no es fácil justificar la existencia de la polémica tasa autonómica apelando a la solidaridad con el resto de los municipios aragoneses, dado que dichos municipios fueron objeto de un Plan de Saneamiento, gestionado desde el Departamento de Medio Ambiente de la DGA, que resultó un auténtico fiasco. La evidencia de los errores cometidos entonces, las sospechas que rodearon aquel Plan y su notoria insostenibilidad actual enturbiaron desde el primer momento la aplicación del ICA, definido por el alcalde de Zaragoza como «un impuesto destinado a tapar un pufo».

Será por ello y por el constante debate público entre Gobierno autónomo y Ayuntamiento zaragozano que el ICA sólo ha sido domiciliado por un 20% de los zaragozanos (cuando en el resto de Aragón la domiciliación ronda el 90%) y que miles de vecinos de la capital (7.000 en una primera oleada) han recurrido el impuesto. Mientras, la comisión de investigación del Plan de Saneamiento aragonés que debería haberse puesto en marcha en las Cortes todavía no se ha constituido, aunque formaba parte de un acuerdo entre PSOE y Podemos. Aquel desastroso programa para depurar vertidos en toda la Comunidad sigue guardando intactos sus oscuros secretos.

Es necesario tanto poner luz y taquígrafos en el Plan de Saneamiento como resolver el actual contencioso entre las dos principales instituciones de Aragón. Eso solo se puede hacer mediante la negociación y la lealtad mutua. Zaragoza debe apoyar al resto de la Comunidad en el sostenimiento de unas infraestructuras imprescindibles. Pero con transparencia, lógica y en sus justos términos.