Deberían ser ejemplares, educados y respetuosos, pero algunos miembros de la casta política son burdos, groseros y desbocados. Basta con ver y escuchar lo ocurrido en el Congreso de los Diputados esta misma semana para comprobarlo. Varios diputados que intervinieron en esa lamentable sesión no deberían estar ahí ni un minuto más; y tampoco Ana Pastor, su presidenta, a la que no se le ocurrió mejor idea en un primer momento que aplicar la manipulación y la tergiversación al ordenar que se eliminaran del diario de sesiones palabras como «golpista» o «fascista». Es cierto que, con la que le ha caído encima, la señora Pastor ha rectificado, pero dejó bien claro que su primera intención era suprimir de las actas expresiones que no le gustan. Todo un ejemplo de censura.
Esta misma semana la Justicia en España, ya bastante desprestigiada por haber tenido al frente a un ministro como Rafael Catalá, reprobado en su momento, y ahora a la tres veces reprobada ministra Dolores Delgado, la que opinaba -en conversación privada, eso sí cuando era fiscala del Tribunal Supremo (TS), que montar una agencia de prostitutas para extorsionar a todo bicho viviente era un «éxito asegurado», ha sufrido un nuevo varapalo.
Se ha conocido un mensaje enviado desde el móvil de Ignacio Cosidó, portavoz de los populares en el Senado y antaño director General de la Policía, en el que se jacta -aunque ahora dicen que no ha sido él- de manejar el Consejo Superior del Poder Judicial (CGPJ) al antojo del PP.
El mensaje de Cosidó a sus senadores ha hecho saltar por los aires el enjuague que PP, PSOE y Podemos habían acordado para designar al juez Marchena como presidente del TS y del CGPJ.
Este juez, en un arranque de dignidad, aunque hay que matizar que ya había sido interpuesto un recurso por una asociación de jueces contra su designación a dedo saltándose a la torera todas las formas y que los independentistas se relamían de gusto porque tenían toneladas de argumentos para recusarlo, ha renunciado a esa presidencia y se queda como magistrado de la sala segunda del TS.
Y así, el juez Lesmes, actual presidente del TS, el que lió una buena con la sentencia de las hipotecas, el que forzó la ley para beneficiar a la banca y el que acabó con el poco prestigio que le quedaba al CGPJ, seguirá al frente de ambos organismos sin fecha de caducidad, porque PP, PSOE y Podemos quieren seguir mangoneando, controlando y pasteleando la manera de designar a los miembros de esos organismos. Como para fiarse de ellos.
*Escritor e historiador
