Decía la viñeta de Forges el pasado 6 de julio. «¿Qué ha dicho...?» (preguntaba por las declaraciones de F. Báñez)

- «Que es el momento de que los sueldos acompañen»

- «Lo que faltaba, una ministra anunciando bebidas alcohólicas».

Al margen del humor con que el autor interpreta la actualidad, lo cierto es, que sí, que Fátima Báñez animó a los empresarios: «es el momento de subir los salarios» dijo. Es más, para ella la subida del 2017 debe permitir ganar poder adquisitivo en los hogares españoles, lo cual supondría subir por encima de la inflación prevista, que si el precio del petróleo no repunta, estará en torno al 1%.

El hecho es que mientras las dilaciones en la negociación se mantengan, el efecto de cualquier acuerdo será inservible, pues son muchos los convenios firmados con medias de aumento (según la patronal)) del 1’22%, mientras la encuesta de costes laborales que presentó el INE en marzo pasado, registró un estancamiento del 0’0% respecto del mismo periodo del año anterior.

Que los salarios deben subir no solo es opinión de la ministra: también del presidente del BCE,de la OCDE, del gobernador del BE, de los sindicatos… Cualquiera que contemple como aumenta la dualidad social, la marginalidad y el empobrecimiento de millones de trabajadores, saben que esto no puede continuar. Primero porque el aumento del consumo es vital para afianzar la recuperación, y también por razones de equidad: tras cuatro años creciendo alrededor del 3% del PIB, creando un 3’8% de empleo y aumentando las rentas empresariales considerablemente, los salarios del 2016 bajaron el -0’8% respecto del 2015, (-3’5% en Aragón). Y si nos referimos al periodo de crisis, la pérdida de poder adquisitivo ronda los 16 puntos según el índice de precios del trabajo del INE.

Por eso al principio de la crisis las rentas salariales suponían más del 48% y han bajado por debajo del 47%, mientras las rentas empresariales superaron las previsiones en 2016 y los beneficios del IBEX aumentaron un 48% el pasado año respecto del 2015. No es de extrañar que repartieran dividendos superiores a los 20.000 millones.

Sin duda el descenso salarial y el aumento de beneficios está muy relacionado con la reforma de la negociación colectiva del 2012, que hizo el PP y con el chantaje/miedo a perder el empleo por las modificaciones en las causas objetivas de despido que contempla.

Si los contratos a tiempo parcial suponen el 15% (se han triplicado desde el 2011), si el 70% de las horas extras no se pagan. Si el aumento de la temporalidad ha llegado a que de los dos millones de contratos realizados en junio solo el 8% son indefinidos. Si las empresas multiservicios, están haciendo buenas a las ETTs con los contratos basura de personas sobreexplotadas como las camareras de piso en hoteles (Kellis). Si los falsos autónomos se han disparado descontroladamente. Si el 70% de trabajadores jóvenes perciben menos de 1.000 €/mes. Si el salario más frecuente en España es de 16.000 € brutos. Si más de la mitad de los parados han perdido el derecho al desempleo. Si el 13% de los trabajadores están en riesgo de exclusión social… ¿De verdad que la señora ministra de Empleo y Seguridad Social no se había enterado hasta ahora?

Tanto la moderación como la devaluación salarial han contribuido a rehacer la competitividad, pero el mismo sacrificio acaba encontrando su propia trampa. Los bajos salarios solo llevan a bajas cotizaciones, déficit de la S.S., menos recaudación de IRPF, menos ingresos para servicios públicos y doble castigo para los trabajadores, ganan menos y reciben menos prestaciones de unos servicios sin recursos. ¿Hay mayor injusticia que esto?

Volviendo a las palabras de la ministra y a la banalización que hace sobre una cuestión tan importante para millones de ciudadanos. Sabe que la negociación colectiva es competencia exclusiva de empresarios y sindicatos, las diferencias que hay entre sus propuestas solo ellos las pueden resolver. Pero donde sí tiene competencia y capacidad de intervenir, es en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la función pública, que han perdido poder adquisitivo, empeorado condiciones laborales, mermado efectivos, asumido más cargas de trabajo, soportado campañas de desprestigio… Todo ello debido a las resoluciones de su propio gobierno, que durante cuatro años despreció la negociación colectiva y usó a estos colectivos como cobayas para experimentar la precarización, se ha duplicado la explotación (16% de contratos a tiempo parcial indeseados en sectores esenciales como sanidad y educación) y los recortes salariales (25 puntos perdidos de poder adquisitivo en los nueve años de crisis) con más de tres millones de trabajadores en la función pública.

Mi padre decía para estos casos; «consejos vendo que para mí no tengo». Gran verdad.