Hace unos años el día de la Constitución se celebraba con gran pompa y boato, participando las instituciones estatales y las autonómicas. Este año han estado el Gobierno, los presidentes de los poderes legislativo y judicial; el PSOE con Pedro Sánchez. Nadie del resto de partidos. Sólo cuatro presidentes autonómicos, los de Galicia, Aragón, Murcia y Valencia. Parece un acto de puro trámite, cada vez más frío y desangelado. Nuestra Carta Magna además de ajada se incumple.

Tras 36 años de vigencia parece razonable plantear, como mínimo, una revisión profunda, porque la gran mayoría de la población no pudo votarla. Soraya Sáenz de Santamaría tenía, 7 años; Pedro Sánchez, 6; Pablo Iglesias, un mes; y Alberto Garzón no había nacido. Los puntos a revisar deberían ser los privilegios injustificados de la monarquía, el ejército y la iglesia católica. Igualmente el Título VIII, del Estado de las Autonomías, y la desaparición del Senado, o su conversión en una cámara auténtica de representación territorial. Y el artículo segundo, --impuesto por el estamento militar-- de la indisolubilidad de la Nación española, que imposibilita un Estado plurinacional.

Quien plantea una revisión constitucional recibe ataques furibundos por parte de los representantes gubernamentales, siendo acusado de poner en peligro nuestro sistema democrático, y además para impedir la reforma, aducen que su realización requiere un largo proceso de reflexión. Argumentos falsos. La España actual al ser muy distinta a la de 1978 con una sociedad más plural, más laica, con un gran incremento de inmigrantes y la presencia en Europa, hace inevitable el adaptar nuestro texto constitucional sin descartar uno nuevo. Y por otra parte, cuando la reforma ha interesado a los dos grandes partidos no hubo problema alguno para hacerla. Lo que ayer era negro, hoy es blanco y mañana gris. Véase la reforma del artículo 135, que se realizó en 9 días y con una discusión parlamentaria de 6 horas, que supuso, como señala Gerardo Pisarello, la consagración constitucional de la prioridad absoluta del pago de la deuda y una neutralización del Estado social y de los propios derechos sociales a él vinculados, sacrificando abiertamente el principio democrático a los intereses de los acreedores. Esta reforma supuso un auténtico proceso deconstituyente desde arriba.

Ahora hago unas preguntas fútiles: ¿quién deteriora más nuestra democracia?, ¿quién plantea una reforma constitucional?,¿quién desde el gobierno con alevosía y premeditación la incumple sistemáticamente? La respuesta es clara. Veamos numerosos ejemplos. La "soberanía nacional" está recogida en el artículo 1. El Gobierno alardea de ser su defensor más fiero frente a las demandas soberanistas catalanas o vascas. ¿Por qué no la defiende con el mismo ahínco ante la Troika y la señora Merkel?

¡Y qué decir del incumplimiento incuestionable de los derechos sociales y económicos, como los derechos al trabajo, a la salud, a la vivienda, al subsidio de desempleo y una pensión adecuada!

El artículo 9.2 dice "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud... Y el artículo 131 "El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución". Y sin embargo, observamos que, según señalan organismos nacionales e internacionales, como la OIT, OCDE y Cáritas, España es el país desarrollado en el que más se incrementan las desigualdades, sobre todo por el aumento del desempleo.

El artículo 51 establece "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos". Si nos fijamos en el precio de la electricidad o de los carburantes: ¿los poderes públicos a quién defienden: a los consumidores o a las compañías eléctricas o petroleras? La factura de la luz es incompresible, el sistema de revisión de precios no lo entiende nadie, se cobra por servicios que no se prestan y ahora se abre una investigación judicial por el cobro a los consumidores de 3.500 millones de euros de más en la factura de la luz en la pasada década. El sistema eléctrico español es un verdadero atraco para el consumidor y ningún gobierno quiere arreglarlo. Y podrían hacerlo si tuvieran en cuenta la Constitución que tanto dicen defender, ya que en su artículo 128... "Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general". ¿No son servicios esenciales el eléctrico y el financiero? ¿Podrían intervenirse las empresas eléctricas y los bancos por interés general? Si lo hicieran, no sería ninguna medida revolucionaria de tipo bolivariano. Lo dice la Constitución.

Mas al año que viene, nueva fiesta.

Profesor de instituto