La Constitución española (CE) de 1978 es la más democrática de todas las que ha tenido España. Por el fondo y por la forma. El Título I, de los derechos y deberes fundamentales, es una espléndida síntesis de los derechos humanos y sociales más avanzados. La forma consensuada de su elaboración, el clamoroso resultado de la votación en el Parlamento y el referéndum del pueblo español dan fe de la forma solemnemente democrática con que se aprobó. El ejemplar proceso de su elaboración no es ajeno a la ruptura con los cuarenta años de dictadura franquista. Los españoles añoraban una constitución democrática y la tuvieron en plenitud. Pero la crisis que nos invade, y su malestar generalizado, propicia tambores de guerra en muchos campos. Y el texto constitucional se instrumentaliza por muchos para solventar unos problemas que son claramente políticos y no tanto constitucionales, especialmente en todo lo relacionado con el Título VIII, de la organización territorial del Estado.

Si observamos la pluralidad de opiniones, de juristas, políticos y todo tipo de expertos, vemos que los hay en ambas posiciones, por un lado los que abogan porque la CE tiene ya 35 años y que los cambios en la sociedad han sido tan numerosos e importantes que necesita una adaptación. Y efectivamente, hay motivos razonables para pensar que ciertos aspectos de la Constitución deben ser modificados, porque algunas instituciones políticas acusan desde hace años notorios defectos que exigen cambios profundos. Hay casos claros: ciertos aspectos de las autonomías territoriales, el sistema electoral o la injerencia política en el poder judicial. Por el contrario, hay otros expertos que argumentan que no es necesaria modificación alguna y que las disfunciones que haya se pueden paliar con modificaciones legales sin tocar el texto constitucional.

A todo ello hay que añadir los amagos separatistas de Cataluña como órdago de una inicial postura reivindicativa de mayores recursos económicos (el pacto fiscal). Ante el ruido mediático que rodea toda la parafernalia nacionalista catalana, los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, han tomado posiciones porque a los dos les está afectando electoralmente la deriva del estallido catalán. El PP se recentraliza en su silencio negador de cualquier diálogo que haga sospechar la mínima duda sobre su oposición al intento secesionista. El PSOE tiene un añadido que se superpone al relato central, ya que el PSC, su marca en Cataluña, navega por aguas ambiguas, con el "derecho a decidir" por bandera. En consecuencia, el propio PSOE se divide internamente sobre la relación orgánica con su marca catalana, dada la debacle actual del PSC en los sondeos electorales y su fuerte incidencia para que el PSOE pueda gobernar mañana en España.

Como solución, el PSOE adopta una postura intermedia: una reforma federal de la Constitución que solvente de una tacada el modelo territorial, el problema catalán y hasta ciertas carencias que la crisis ha aflorado, como el blindaje de la sanidad como derecho básico. De esta manera, el partido socialista piensa salir de su estancamiento electoral y tomar la delantera progresista. Indudablemente será la base de su próximo programa electoral. Y sería maravilloso que todos los partidos españoles, una vez solventadas todas las crisis que nos afectan, se pusieran manos a la obra en la tarea pendiente de modificar la CE, con serenidad y tiempo por delante. No es urgente. Siempre que no haya chantajistas que jueguen con las urgencias.

No cabe duda que la jugada es de alta calidad. Pero el problema viene por el lado de su viabilidad. ¿Es serio que un partido con vocación de gobierno proponga algo actualmente inviable en la vida política española como es una modificación en profundidad de la CE? En medio de tanta incertidumbre, aporto mi humilde opinión: abogo por dejar a la Constitución tranquila y centrar nuestras energías en mejorar la eficiencia de las administraciones, de los bancos, de las empresas y de los ciudadanos, que eso y no otra cosa es el meollo de nuestra crisis. En estos momentos, el problema más urgente e importante es propiciar un rigor económico e institucional a este país que se desangra por su propia ineficiencia. Además, el problema principal que tiene nuestra Constitución no es por déficit de contenido sino por incumplimiento en aspectos esenciales: trabajo, vivienda, igualdad- Nos quedaría el problema catalán. Recuerdo que el problema vasco era más sangrante, en su propia literalidad. Y se solucionó. Bueno, pues que los catalanes aguanten su vela, su cruz y su responsabilidad. Que hablen entre ellos (políticos y sociedad) y que piensen los dos partidos más negativamente afectados (CIU y PSC) si no están haciendo el caldo gordo a separatistas y centralistas.

Profesor de filosofía