Una vez más los tribunales han zanjado una polémica de naturaleza institucional y política desatada en Aragón. En este caso, el Constitucional ha declarado que el Impuesto por la Contaminación de las Aguas (ICA) es perfectamente legal y no supone una doble tributación por el mismo concepto «pues existen diferencias (con las tasas por la depuración de sus vertidos que ya pagan los vecinos de Zaragoza) en cuanto a su naturaleza y al hecho imponible que gravan». Los argumentos recurrentes del gobierno de la capital aragonesa (ZeC), de Podemos y de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) han quedado desmentidas y así la pretensión del Ejecutivo autónomo de pasar al cobro el ICA de 2017 se convierte en un acto administrativo sin réplica posible.

El Constitucional ha tenido en cuenta sin duda el hecho de que, sin la contribución directa de la gran capital, los centenares de pequeñas localidades del resto de la Comunidad jamás podrían sufragar sus respectivas depuradoras. Por lo cual le asiste al Gobierno aragonés el derecho a crear un ámbito fiscal que permita llevar a cabo en toda su extensión el Plan de Depuración de Aguas iniciado hace años y cuya puesta en marcha, muy incompleta aún, ha estado rodeada de evidentes errores, extrañas desmesuras y unos cálculos financieros imposibles de cumplir.

Este ha sido el quid de la cuestión. Para muchos zaragozanos, que son conscientes de haber pagado a precio de oro sus propias depuradoras (especialmente la gran instalación de La Cartuja), pechar ahora con el Plan aragonés y sus correspondientes y escandalosos sobrecostes resulta difícil de encajar. Por otro lado, las negociaciones entre el Gobierno de Aragón, promotor del ICA, y el Ayuntamiento de la capital no han sido precisamente un ejemplo de colaboración mutua. Ayer, el alcalde Santisteve se lamentaba de ello, quizás para pasar mejor el trago que supone otra sentencia que le deja al pie de los caballos.

Ahora, con el fallo del Constitucional encima de la mesa, la mejor salida consistiría en reanudar esas conversaciones tan complicadas hasta ahora e intentar que un pacto razonable sustituya a la confrontación. Todo ello en el bien entendido de que la vía legal para frenar el ICA ha quedado cerrada definitivamente. El Ayuntamiento no puede ignorarlo. Pero el Gobierno de Aragón también debe gestionar con sutileza su éxito judicial.