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Contaminación de guante blanco

Mientras los municipios del Gállego siguen sufriendo por los vertidos de lindano, el responsable de la empresa que los produjo continúa al frente de empresas químicas, como si nada hubiera ocurrido

 

Jaime Armengol Jaime Armengol
28/09/2014

Miles de vecinos de los municipios situados en la ribera del Gállego entre Sabiñánigo y Zaragoza están con el alma en vilo porque el peligroso pesticida lindano ha vuelto a sus grifos. No podrán beber agua corriente hasta al menos el 10 de octubre, en tanto se da una salida a la contaminación hallada en el río. El elemento tóxico ha llegado al cauce probablemente por alguna escorrentía coincidente con los trabajos para reordenar y controlar los miles de toneladas de vertidos tóxicos que dejó Industrias Químicas del Noroeste (Inquinosa) entre los años 70 y 90 del siglo pasado en el entorno de su fábrica serrablesa. En la DGA hay gran preocupación, consciente de que el problema es hoy medioambiental pero lo será de salud pública si no se dan los pasos adecuados para controlar los lixiviados. El consejero Modesto Lobón lo dijo claro en las Cortes, y una buena muestra del desasosiego se evidenció el viernes con la reunión que mantuvieron el propio Lobón junto a los titulares de Sanidad, Ricardo Oliván, e Interior, Antonio Suárez, con los 23 ayuntamientos afectados por los vertidos. Los tres constataron la indignación de unos alcaldes que saben que sus vecinos llevan décadas sin fiarse del agua del río y beben agua embotellada por si acaso.

Mientras, en un domicilio de Madrid se mantiene ajeno a las reclamaciones y a la alarma social que vive una parte de Aragón el socio único y director general de Inquinosa cuando la planta producía o comercializaba el lindano. Jesús Herboso Pajarrón sigue al frente de su actividad empresarial, dedicada a la elaboración o venta de productos químicos en sendas empresas con domicilio fiscal en Pozuelo de Alarcón. Sigue siendo además socio único de Inquinosa, según se constata en un simple paseo virtual por el registro mercantil. Este ejecutivo de empresa, que aseguró hace 20 años que el consejero que decretó el cierre de su fábrica de Sabiñánigo, Luis Acín, era "un cáncer para Aragón", no ha atendido a ninguno de los requerimientos ni ha respondido a ninguno de los fallos judiciales.

Sin ir más lejos, el pasado junio, la Diputación General de Aragón formalizó una demanda contra la industria química y su representante con una reclamación de 20 millones de euros para que hicieran frente a la condena fue impuesta en el 2003 por un juzgado de Huesca y ratificada en el 2009 por el Tribunal Supremo. En realidad, la Administración ha pagado mucho más por el sellado y supervisión de los vertederos de Sardas y Bailín en los que se depositaban los residuos tóxicos, además de mal limpiar otros barrancos en los que, según el fallo judicial, se eliminaron ilegalmente los desechos. Se espera que los juzgados de Huesca puedan ejecutar el fallo embargando las acciones de la empresa que podrían obrar en poder de Herboso, así como indagando en la participación que pudiera tener en una sociedad similar radicada en Rumanía, para lo que se solicitó el envío de una comisión rogatoria. Los servicios jurídicos de la DGA, según informó Efe, consideran que la firma de Herboso, que comparte domicilio social con Inquinosa, podría desarrollar su producción en el valle rumano de Ramnicu. Aunque en su momento se creó Inquinosa Internacional y se perdió la pista de la matriz, en el Gobierno de Aragón se da por seguro que el ejecutivo ha podido mantener latente su negocio de producción de insecticidas, pesticidas o fertilizantes, que habría llegado incluso a Estados Unidos.

La laxitud de la legislación que se aplicó en su momento contra Inquinosa, unida a la exasperante lentitud de los procedimientos judiciales complejos en España, ha permitido llegar a esta situación de extrema gravedad para Aragón sin que se hayan depurado responsabilidades. Cuando los políticos se preguntan por qué existe esta desconfianza generalizada en el sistema político, ignoran que gran parte del problema no deviene solo de la corrupción política, sino de la inoperancia en la persecución de los delitos de guante blanco. El caso Inquinosa, lejos de estar resuelto, se ha reabierto para recordarnos que es necesario perseguir hasta el final estos casos, y no generar una imagen de impunidad que no hace más que acentuar la desconfianza. La responsabilidad patrimonial, en los casos en los que las actividades económicas amenacen el medio ambiente o los intereses generales, debería quedar delimitada, y eso no ocurre en un país con una modernización judicial siempre pendiente.

Los vertederos con restos de la producción de lindano del Alto Gállego son un problema que no se ha resuelto ni medioambiental, ni sanitaria, ni económica, ni administrativa, ni judicialmente. La dificultad para el correcto sellado de los vertederos es comprensible, al igual que su alto coste; no así la supuesta complejidad para evitar que unos empresarios que dejaron este rastro venenoso en el Pirineo sigan a lo suyo, como si nada hubiera ocurrido. ¿Regeneración? Incluyamos también la eficacia ante este tipo de delincuencia.

   
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