El alcalde de Lérida, Ángel Ros, reprendió ayer al presidente aragonés, Javier Lambán, por la acusación que lanzó respecto de la rebeldía catalana frente a la justicia en el litigio de los bienes de Sijena comprados ilegalmente a Aragón. No es la única autoridad catalana que justifica la desobediencia judicial, pero en el caso de Ros se trata de un dirigente socialista; en concreto el presidente del PSC. Y no sirve decir que las instituciones catalanas tienen también «argumentos a su favor» en una cuestión que aún tiene «recorrido». De las sentencias se podrá opinar lo que sea, pero cumpliéndolas. Un representante institucional no debe dudar de este principio fundamental, ni los socialistas entrar en contradicciones.
