Legislar en minoría a las puertas de unas elecciones es una tarea titánica. Hacerlo vía decreto ley, sin los acuerdos políticos cerrados, es exponerse a un fracaso (como con la reforma de los alquileres, que fue tumbada en el Congreso) que la oposición utilizaría en campaña como símbolo de debilidad del presidente, Pedro Sánchez. En este escenario se desarrolla uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno, la derogación parcial de la reforma laboral. Los cálculos electorales podrían hacer que la contrarreforma sea más light de lo esperado. Que habrá decreto ley es algo que casi nadie duda, es un compromiso del PSOE y el adelanto electoral no ha hecho más que acelerar los plazos. Pero la CEOE ha aprovechado la urgencia del calendario para presionar al PDECat (cuyo voto es clave) para descafeinar unas medidas prepactadas con los sindicatos pero no con la patronal. En pleno juicio del procés, y tras secundar el jueves un huelga que exigía, también, la derogación de esta norma, el dilema del PDECat no es fácil: alinearse con el PP y votar contra el decreto ley, o permitir que salga adelante, forzando cambios con el beneplático de la CEOE. Esta opción sería la más beneficiosa para los trabajadores, puesto que, aunque no alcance todas las expectativas, permitiría revertir algunos de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Pero exige responsabilidad por parte de todos.