El Gobierno de Pedro Sánchez tuvo, tras el pasado Consejo de Ministros, un viernes social descafeinado. Ha renunciado a aprobar la contrarreforma laboral a la que se había comprometido por no contar con «apoyos suficientes» a causa de la minoría parlamentaria. Entierra así iniciativas como la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la reforma de la subcontratación. En cambio, sí se vio con fuerzas para sacar adelante otras medidas laborales y sociales, como el registro horario de la jornada laboral por parte de las empresas, la ampliación del subsidio para parados de larga duración -antes a partir de los 55 años y extendido ahora a los mayores de 52- y el aumento de las ayudas para familias con niños en riesgo de exclusión social. Por un lado, iniciativas que pueden ser interpretadas como electoralistas, pero que suponen el cumplimiento de compromisos que Sánchez asumió al llegar a la Moncloa y cuyo cumplimiento no tiene por qué quedar suspendido por la convocatoria de las elecciones generales de abril. Pero, sin una mayoría suficiente para hacer progresar sus iniciativas en el Congreso y para sentarse con una posición de fuerza que permita liderar pactos a varias bandas tan difíciles, el intento fallido de rematar la legislatura con una contrarreforma laboral pasa de ser un elemento del programa de gobierno a convertirse en un componente del programa electoral cara al 28-A.
