El actual Gobierno tomó una decisión difícil pero necesaria cuando asumió la necesidad de regularizar la situación de centenares de miles de inmigrantes que residen en España de forma irregular pero que se han integrado en nuestra sociedad. Además del coste humano para quienes permanecen en esta situación, mantener a cerca de un millón de personas sin derecho a trabajar legalmente sólo podía favorecer la explotación laboral y la economía sumergida.
Pero tampoco se pueden negar los riesgos que aparecen con el actual proceso excepcional de regularización. Desde la creación de un efecto llamada que alimente una nueva bolsa de irregulares hasta la posibilidad de que las mafias de la inmigración encuentren un nuevo filón en el mercado de contratos de trabajo ficticios. Está más que justificado que durante este periodo se incremente la vigilancia en las grandes puertas de entrada a España, como Barajas o La Junquera. Es de esperar que estas medidas sean suficientes y no resulte necesario tomar una medida justificada sólo en casos extraordinarios, como la suspensión temporal del convenio de Schengen, que permite la libre circulación de personas entre 15 países de Europa.
