La corrupción se percibe ya como una infección generalizada en un cuerpo social que alcanza a más personas, profesiones y actividades de lo que inicialmente se consideraba circunscrito a personajes vinculados con el ejercicio de la política y, por tanto, apostados en el poder e implicados en decisiones de las que podían servirse para ventajas personales. Pero la realidad manifiesta que la aceptación de mordidas desborda cualquier nicho sociológico, como queda en evidencia tras la actuación ayer de la Guardia Civil en 12 provincias, entre ellas Zaragoza con dos detenidos, de un total de 32 arrestados en toda España --la mayoría de ellos funcionarios-- por irregularidades en contrataciones y el cobro de comisiones.

Es un episodio más en una larga lista de actuaciones judiciales que se van sumando con una carencia insoportable para la ciudadanía. Sin echar demasiado la vista atrás, aunque la evolución de los procesos de investigación o judiciales traen a la actualidad casos y personas que ya casi se consideraban amortizados en el subconsciente colectivo y que vuelven a remover las conciencias, recientemente hay que incluir desde las tarjetas negras utilizadas en cajas que tuvieron que sufrir un rescate a costa de todos, hasta la entrada en prisión de destacados responsables políticos por la operación Púnica o la imputación de un expresidente del parlamento valenciano. No es cuestión de reproducir nombres, detalles y cuantías que ya tienen su sitio en las páginas de información. Pero la lista comienza a ser inabordable.

En este clima de desasosiego y estupefacción ya no solo se establece el listón del delito como línea roja de lo inaceptable, casos como el de los parlamentarios que utilizaron sus prerrogativas de viajes del Senado y el Congreso para asuntos privados son percibidos, y con razón, como abusos de lo público que muestran una falta total de empatía con una ciudadanía a la que, sin embargo, se le piden sacrificios en nombre del país, cuando no se le acusa directamente de haber vivido por encima de sus posibilidades.

Ante una situación de este cariz, los partidos políticos y en especial quien ostenta la mayoría, deberían mostrar más decisión, primero, en descabalgar de sus filas a quienes están implicados y, sobre todo, en establecer mecanismos y controles que dificulten sobremanera la tentación de los corruptos. Está en juego la democracia.