Cada vez es más difícil acceder a la Justicia. Las tasas han hecho desistir a miles de ciudadanos a recurrir a los tribunales. Ahora, un juez pide a Apudepa un millón de euros de fianza si quiere mantener la denuncia contra la DGA por permitir el derribo parcial de Averly. Choca que se pida a una organización sin ánimo de lucro tal cantidad, cuando, por ejemplo, en la denuncia contra la reforma de La Romareda solo se pidieron 200.000 euros. Cierto es que parar unas obras supone mucho dinero, pero con medidas así nadie podrá pedir Justicia.
