Escribo este artículo después de oír al presidente del Gobierno de España su declaración de una hora sobre el Plan para la Transición hacia una nueva normalidad. Fue una declaración solemne y rigurosa, bien estructurada y clara. Si bien, fue poco concreta y todo quedó aparentemente abierto en cuestión de contenido, fechas y territorios. Digo aparentemente porque se trata de una apariencia derivada de lo que es un plan, que está en función de lo que depare la realidad, que es la que manda. El Gobierno ha hecho un trabajo bien organizado que deberá ser complementado con instrucciones posteriores, que son las que concretarán lo que se puede o no se puede hacer, cómo, dónde y cuándo. El objetivo del plan no es tanto erradicar completamente la enfermedad sino ir reabriendo poco a poco la economía sin llegar a un nuevo colapso sanitario. La dialéctica sanidad-economía es muy difícil de conjugar. Que los dioses nos protejan.
Lo que el Gobierno ha aprobado es un plan y no un calendario. Un plan marca el horizonte y la estrategia, condicionados a una realidad desconocida y cambiante, pero siempre con ese horizonte y estrategia claros e innegociables. Un calendario pone fechas concretas y cerradas, casi exigiendo que la realidad se supedite a él, y expuestos a tener que rehacerlo si la realidad cambia. El calendario es más rígido y apriorístico y, efectivamente, es más fácil de consensuar. Un plan es más complejo y exige un pacto con la ciudadanía, que se convierte en coprotagonista y coautora del éxito o fracaso de dicho plan. En mi opinión, este plan, es más operativo, aunque como contrapartida sea abierto y exija concreciones y rectificaciones constantes en función de lo que la realidad nos depare, y que será mejor o peor según el comportamiento de los ciudadanos.
Este plan tendrá, con toda seguridad, muchos objetores. El primero el PP, que exigirá que el Gobierno tendría que haberlo negociado y consensuado con él. Ya habrá observado mi agudo lector que nunca suelo nombrar a Vox, porque su discurso y su praxis están fuera de lugar y porque no quiero hacerle publicidad gratis. En segundo lugar están los nacionalismos vasco y catalán, que sin haber leído el plan, protestarán por invasión de competencias. Y ya en tercer lugar, algunas autonomías protestarán con la boca pequeña porque el Gobierno central no ha seguido sus propuestas locales y singulares.
Pandemia inédita
Parece que ninguno de ellos se ha percatado de que estamos ante una pandemia inédita y con un alto y letal grado de contagio, que exige medidas rápidas y decididas, para las que no había un protocolo previo que propiciara un posible consenso con los otros agentes políticos. ¿Qué puede hacer el Gobierno si ni siquiera hay unanimidad clara entre los técnicos? Especialmente si las medidas que pueden adoptar tienen graves e innegables contrapartidas. Creo que no tiene ningún sentido enzarzarnos ni dedicar medio segundo al qué se debería haber hecho y no se hizo. Y menos a buscar culpables. Salvo que se demuestre que hubo indiscutible incompetencia o mala voluntad al actuar de una determinada manera, cuando la información disponible ya indicaba de manera clara e inequívoca que se debía actuar de otra. Suscitar ahora mismo este debate no hace otra cosa que dispersarnos del objetivo real, combatir a la epidemia, y, sobre todo, refuerza a demagogos y fanáticos, como el separatismo catalán.
Para bien y para mal es el Gobierno de España, con sus asesores científicos, quien tiene la responsabilidad de intentar frenar la pandemia y marcar el camino a la descacharrada economía que nos va a quedar. Y estas decisiones las tiene que tomar a velocidad de vértigo y entre inciertas nebulosas. Cuando la pandemia esté controlada y la economía comience a funcionar será el momento de evaluar a unos y otros: gobierno, oposición, CCAA, ayuntamientos, empresarios, sindicatos… sobre sus acciones y omisiones, sus juicos de valor, sus intentos inmorales de aprovechar la tragedia para su rentabilidad electoral, económica o social. Todos deberán ser evaluados por la sociedad a la que todos se deben.
Personalmente, me parece que, en principio y por primera vez, se ve luz al final del túnel. El Gobierno ha trabajado, se ha arriesgado y ha decidido. Como era su obligación. Si ha abusado del estado de alarma, si ha despreciado a la oposición, si ha ninguneado a las autonomías, si ha jugado con los ciudadanos, si ha cometido errores, si ha mentido, si ha jugado al rédito electoral, todo eso lo pagará. Pero si lo ha hecho razonablemente bien, se le premiará. Pero, como ya he dicho reiteradamente, todo eso se dilucidará cuando la pandemia quede controlada, la sociedad haya recobrado un estado de ánimo sereno y las fuerzas políticas hayan consensuado su plan de reconstruir España (¿?). Posiblemente entonces sea un buen momento para que haya elecciones generales y que un nuevo Gobierno sea el encargado de poner rumbo a la reconstrucción económica y social de España.
*Profesor de Filosofía
