Es posible que, como es costumbre en muchos gobiernos y especialmente en el de Mariano Rajoy, estemos más ante un globo sonda que ante un propósito firme, pero el anuncio, por parte del ministro del Interior, de que se va a estudiar la posible penalización de opiniones vertidas en foros de internet que inciten al odio o hagan apología del delito resulta tan sorprendente como preocupante. El asesinato de la presidenta de la Diputación de León ha dado lugar, ciertamente, a expresiones tremebundas y ofensivas en las redes sociales, pero la respuesta no puede ser poner en marcha una legislación específica que sería una grave amenaza para la libertad de expresión. La expansión planetaria de internet y su uso intensivo plantean numerosos retos a las sociedades contemporáneas, pero limitar derechos sería una salida en falso. Por lo demás, el Código Penal actual ya permite, como subrayan numerosos juristas, perseguir delitos cometidos en el entorno virtual. La conclusión no puede ser más que una: el Gobierno aprovecha un suceso estremecedor para dar alas al populismo.
