Tras superar una semana de vértigo y mala leche, hemos llegado al día de hoy extenuados. España está dividida, se dice, en dos bandos aparentemente irreconciliables (¿sólo dos?). Pero esto no es lo peor de todo; también en otros países de nuestro hemisferio (empezando por los Estados Unidos de América) andan los ánimos muy polarizados. Lo que agrava la situación aquí es el anómalo funcionamiento de los procedimientos institucionales mediante los cuales se desarrolla el debate político. Y en los siete días que hemos dejado atrás ese problema se ha puesto de manifiesto de forma clamorosa.

La situación podría resumirse así: el sistema no acaba de funcionar bien, el gobierno socialista no sabe recuperar el aliento democrático y el PP aprovecha la ocasión para dinamitar los puentes del diálogo y promover la gresca y el enfrentamiento,

LA PRIMERAanomalía evidente se produjo el pasado lunes cuando Aznar declaro (es un decir) ante la Comisión Investigadora del 11-M. Aquel lamentable espectáculo, que luego ha marcado la agenda política de los días siguientes, hubiese sido imposible en cualquier otro país democrático donde aún están vigentes unos procedimientos parlamentarios razonables.

En Estados Unidos o Inglaterra, Aznar jamás podría haberse presentado ante una comisión investigadora a lanzar soflamas políticas, escurrir el bulto y dispersar sospechas por doquier con alusiones, datos falsos, acusaciones imprecisas y convicciones personales. Los diputados encargados del interrogatorio tampoco hubiesen actuado como auténticos pardillos. De tal labor se habrían ocupado congresistas expertos en técnicas procesales, arropados por equipos capaces de preparar cuestionarios precisos y de advertir sobre la marcha las imprecisiones y errores del declarante. El presidente de la sesión no hubiera permitido las divagaciones ni las imputaciones genéricas o no probadas, ni tampoco los aplausos del público asistente (en su mayoría diputados populares ). La declaración de Aznar fue un absurdo circo político, una demencial patochada.

A partir de ahí nada ha ido como debiera. El pulso parlamentario en torno a la modificación del sistema de elección de jueces del Supremo derivó en una bronca constante. Mal venía la cosa tras el evidente fallo de coordinación del Grupo Socialista, que perdió de forma absurda la primera votación, pero luego el PP lo empeoró todo al pretender negar lo evidente: que la mayoría del Congreso apoya sin ninguna duda dicha reforma. Y para colmo la derecha y sus terminales mediáticas han pretendido que la inclusión de un sistema de mayoría cualificada en la elección de los más altos magistrados del Estado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un ataque a la independencia de los jueces . ¿No será más bien un ataque a la hegemonía conservadora en la cúpula de la Justicia española?

El PP boicoteó la votación de la reforma en la elección de jueces y parece decidido a reprobar al presidente del Congreso, Manuel Marín, cuya paciencia se agota por momentos. Casi simultáneamente, en un alarde de anómalo corporativismo profesional (y probablemente ideológico), los vocales conservadores del CGPJ no sólo obtuvieron el archivo de las diligencias abiertas a los jueces que en el 2001 dejaron en libertad por error a Allekema Lamari, jefe de los comandos que atentaron el 11-M, sino que se negaron a que tal actuación sea puesta en manos del fiscal.

MAS MADERA:lo de Moratinos. Para cuando el ministro de Asuntos Exteriores compareció en el Congreso, ex-cancilleres iberoamericanos presentes en la OEA allá por el 2002 habían certificado lo que por otro lado siempre fue evidente: que en abril de aquel año el Gobierno español y el norteamericano dieron cancha al golpe de estado contra Hugo Chávez, presidente electo de Venezuela. La polémica no da ya más de sí. Pero no parece que la tangana vaya a cesar (la política exterior española se ha convertido en un casus belli político, pese a las constantes cumbres con los vecinos europeos o a notorios éxitos como la liberación de importantes disidentes cubanos).

En todo caso, polemizar sobre Venezuela tampoco resulta tan extemporáneo. La derecha española está copiando paso a paso buena parte de los argumentos y métodos que usa en dicho país americano la montaraz y fracasada oposición a Chávez: deslegitimación democrática y sabotaje institucional. Por eso nuestro sistema se está llenando de anomalías. Mal asunto.