Fin del boom inmobiliario; desaceleración del crecimiento; cambio de tendencia. La definición dependerá del talante del analista o el político, pero es un hecho que los precios de las viviendas tienden a moderarse y el cambio alegra a unos y aterra a otros. Decía Unamuno que todo cambio político es socialmente provechoso "no más que por ser cambio, en sí y por sí". Con los cambios económicos sucede lo mismo. Ni los precios de los pisos van a estar por los suelos, ni los inversores en inmuebles se van a arruinar. Lo que se va a producir es una desaceleración, como en el primer semestre, cuando las casas se subieron un 13,8%, frente al 18% del 2003.

Más que los precios de la vivienda, lo que puede crear alarma son las contradicciones del Gobierno de Zapatero en materia económica. El anuncio de María Antonia Trujillo (Vivienda) de que el Ejecutivo se propone dar 6.000 euros al propietario que reforme su piso y lo alquile ha dado pie a otro desacuerdo con el equipo económico del vicepresidente Pedro Solbes. ¿De dónde va a salir el dinero?

SOLBES TUVOantes que corregir otros desacuerdos, como el de los horarios comerciales o la Unidad de Productividad con José Montilla (Industria); o los frenazos de Economía a la misma Trujillo sobre la Agencia de Alquiler y las viviendas; o el IVA de películas y libros que quiso cargarse Carmen Calvo (Cultura).

En cuatro meses, en el Ejecutivo de Zapatero ha aflorado el clásico debate entre socialdemócratas y social-liberales del PSOE. Por otro lado, Solbes y Miguel Angel Fernández Ordóñez (Hacienda) son más gestores que políticos. Y ya han cedido en el déficit cero . Montilla, Pepe Blanco, Caldera, Trujillo o Calvo son el programa, programa del partido, las promesas de Zapatero ("lo que se promete, se cumple"). A los ministros del gasto, déficit y convergencia les suenan a melodías lejanas. Hasta aquí todo es correcto, casi natural. No hay más que tirar de archivo para ver que ocurrió en los primeros meses de Miguel Boyer o de Rodrigo Rato.

Ocurre, sin embargo, que para septiembre el efecto de traer las tropas de Irak y la euforia del 36º Congreso estarán agotados. Habrá que lidiar con dos reses bravas, los Presupuestos del Estado y qué hacer con los presidentes de las empresas privatizadas. Telefónica, Repsol, Endesa. ¿Bastará con la llegada de Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi como consejeros de Telefónica?

Aunque escondidos (por ahora), hay muchos partidarios de cambiar a los presidentes de las empresas privatizadas por el PP y argumentan a base de preguntas. A saber, ¿es posible que al frente de una compañía como Telefónica, la primera del país, con unas tarifas reguladas, que inciden sobre el IPC, esté un ejecutivo que no es de la plena confianza del Gobierno? En sectores regulados, como telecomunicaciones y energía, estratégicos para el país, ¿pueden seguir los amiguetes de Aznar? En compañías que tienen amplia presencia en América Latina, donde sus presidentes son más embajadores ante los Gobiernos de aquellos países que los embajadores oficiales, ¿puede seguir un perfil como el de Alfonso Cortina, tan estilo PP, que tiene problemas con Kirchner?

OTROargumento es la forma en que el Gobierno de Aznar echó a Juan Villalonga de Telefónica. Al amigo de pupitre del presidente Aznar, encargado de comprar, con el talonario de Telefónica, una televisión privada (Antena 3), 102 emisoras de radio (con Onda Cero) y un grupo de prensa económica (Recoletos-Pearson), el del escándalo de las stock options (él y sus colaboradores se embolsaron 100.000 millones de las antiguas pesetas), se le echó por intentar pactar con el Grupo Prisa y por problemas familiares, aunque la disculpa última fue la frustrada fusión con la holandesa KPN. El despido se saldó con 4.500 millones de pesetas.

En este contexto con sordina, para algunos no pasó desapercibida la crítica que Zapatero hizo, durante una de sus intervenciones en el pasado Congreso, a la excesiva concentración de poder económico, heredada de la etapa del PP. Aseguró que en unas semanas se verían las medidas. ¿Se refería a las empresas privatizadas, a sus cúpulas? Y si era así, ¿las razones enunciadas son válidas para que el vicepresidente económico y su gente avalen un desalojo de las presidencias de Telefónica, Repsol, Endesa e incluso del BBVA? Si ahora hay desavenencias por el programa y los euros para financiarlo, es obvio que cuando llegue septiembre todo dejará de ser maravilloso.

*Periodista