La Declaración de Zaragoza, en la que seis comunidades de distinto color político, han acordado una postura institucional para reclamar una financiación autonómica multilateral, en la que se rechazan los privilegios y la bilateralidad, supondrá un impulso al nuevo sistema que se demanda urgente y sin «egoísmos territoriales». También recoge la necesidad de atender variables como la despoblación, dispersión o envejecimiento de sus habitantes para definir el coste de los servicios públicos. Es el primer paso, pero seguro que su eco ayudará a la consecución de las demandas.