Insiste una y otra vez Mariano Rajoy en que hay que cumplir la ley. El presidente del Gobierno utiliza esta coletilla cada vez que habla sobre el proceso separatista desatado en Cataluña. Cuando en España un político toma posesión de su cargo promete, o jura, «guardar y hacer guardar la Constitución», es decir, cumplir las leyes vigentes y hacer que se cumplan. En esa premisa se basa el presidente para rechazar que en Cataluña se celebre un referéndum sobre la independencia. Pero Rajoy, tan leguleyo para este monotema de la soberanía catalana, se olvida de que en España se aprobó una ley, la conocida como de Memoria Histórica y que sigue vigente, que el máximo mandatario electo de este país ni cumple ni ordena cumplir. Y lo que es peor, en alguna ocasión este señor de Pontevedra se ha jactado públicamente de no hacerlo.
La ley también obliga a los testigos que declaran en un juicio a decir la verdad. Pues bien, el señor Rajoy declaró hace unos días ante el tribunal que juzga uno de los casos de corrupción de su partido que cuando fue máximo responsable de los procesos electorales no sabía nada de las cuentas y gastos que se empleaban en esas campañas. Era mentira, como se ha demostrado en varias grabaciones de imagen y sonido en las que el actual presidente desgrana con bastante precisión cuáles eran los presupuestos, las cantidades y las fuentes de financiación, al menos las contabilizadas en blanco. A estas horas, con una falsedad tan palmaria y con tantas pruebas irrefutables sobre las falacias de la declaración del declarante Rajoy, ningún fiscal y ningún juez le ha abierto un proceso por incumplir la ley que obliga a los testigos a decir la verdad.
Con semejante maestro del embuste como ejemplo, no me extraña que los independentistas catalanes afirmen una y otra vez que no van a cumplir la ley. Lo dice el presidente de la Generalitat en el asunto del referéndum, y lo practica el consejero de Cultura de Cataluña al negarse a cumplir la sentencia judicial que obliga al museo de Lérida a devolver las obras de arte aragonesas saqueadas ilegalmente de Sijena.
A la vista de estos y de otros casos, da la impresión de que en España hay personas que quedan eximidas de cumplir la ley que han prometido acatar. Depende de quién seas, de cuánto dinero tengas o de la voluntad de actuar de la justicia. Porque es evidente que, pese a lo que se lee en la Constitución, la justicia no es igual para todos, y las leyes no se aplican de la misma manera según a quién, dónde y en qué lugar.
*Escritor e historiador
