Comienza un nuevo curso escolar. Es cierto que se han abierto las aulas con normalidad, lo que ya es un logro importante, aunque perviven algunos problemas enquistados desde hace años, como la falta de puestos escolares en los barrios en expansión. Es cierto que en estos primeros compases del curso no se han levantado muchas voces en los claustros, pues se mantiene el cupo del profesorado a pesar de la disminución del alumnado. Y es cierto también que se ponen en marcha algunas medidas que pueden contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte en nuestros colegios e institutos. Aun así no se espera que sea un curso nuevo, cargado de novedades realmente significativas. Más bien, el curso que comienza será un curso incierto.

El horizonte educativo se aprecia borroso. De ahí la incertidumbre que tienen muchos estudiantes, profesores y familias sobre lo que pueda suceder en este curso. Previsiblemente, todo vaya a girar en torno a los pactos por la educación. En nuestra comunidad autónoma, el documento que salió del consejo escolar lleva casi un año en un cajón de las Cortes de Aragón y será muy difícil alcanzar un cierto consenso social y político después de lo sucedido el curso pasado. En otros territorios, la leyes autonómicas propias que aprobaron sus parlamentos apenas han tenido recorrido al verse encorsetadas por una ley orgánica tan centralista como la LOMCE. En España, el sistema educativo parece anestesiado por un pacto general que nunca llega pero condiciona las políticas territoriales en el ámbito educativo.

El tantas veces anunciado pacto estatal ha servido de excusa al Gobierno del PP y a su ministro de Educación para acallar las críticas por haber implantado contra viento y marea su propia ley de educación. La LOMCE lleva ya cuatro cursos desde que comenzó su andadura y sigue avanzando paso a paso. Gracias a cierta presión social, se introdujeron suaves retoques y se congelaron algunos puntos muy controvertidos, pero el núcleo legislativo fundamental estará consolidado en este curso. Será muy complicado rebobinar luego aunque algún día se alcanzase ese esperado pacto social, político y territorial.

El camino es lento. Lo previsto es que el pacto estatal se apoye en tres acuerdos, plasmados en otros tantos informes, que servirían de base para elaborar una nueva ley de educación que sustituyese a la LOMCE. El primer acuerdo debería partir del Congreso de los Diputados, donde se creó una subcomisión al efecto que lleva meses escuchando en comparecencias parlamentarias a entidades, colectivos y personalidades de diferente signo. Los trabajos de la subcomisión estaban previstos finalizasen el junio pasado pero continuarán hasta el próximo año y aun no se ha puesto fecha a la entrega del respectivo informe. Hasta tanto se sustancie ese acuerdo político no es previsible que se emitan los informes del Consejo Escolar del Estado y de las comunidades autónomas a través de la ponencia creada en el Senado y de la Conferencia Sectorial de Educación donde están todos los consejeros de gobiernos autonómicos. Todo muy complejo.

Alcanzar ese pacto social, político y territorial en este curso resultará poco menos que imposible, no solo por la situación política del país sino porque es muy complicado que puedan ponerse de acuerdo fuerzas políticas y grupos sociales que tienen visiones muy diferentes sobre la educación. Será muy difícil llegar a acuerdos sobre la asignatura de Religión en la escuela, los conciertos educativos con centros privados o la distribución competencial entre administraciones al determinar los elementos básicos del currículo escolar. Se necesitaría una voluntad de entendimiento político que no se ve actualmente. Tal vez lo único posible, por tanto, sea consensuar y fijar los principios y finalidades que debe tener la educación, como planteamos desde el Foro de Sevilla en un documento de bases para una nueva ley de educación.

En todo caso, si se lograse un acuerdo global habría que trasladarlo a un anteproyecto de ley para comenzar luego su tramitación parlamentaria, que a buen seguro se prolongaría a lo largo de lo que queda de legislatura. Así que en este curso habrá que seguir con la LOMCE, posiblemente introduciendo algunos nuevos parches para no levantar polvaredas que oscureciesen todavía más el futuro del pacto. En ese escenario, incómodo para las comunidades autónomas que quisieran avanzar en otra dirección, se entiende que muchas familias, estudiantes y profesores comiencen el curso preocupados por la inestabilidad e inseguridad de un marco normativo que puede cambiar de un momento a otro, como ya sucedió el curso pasado. Con esa perspectiva, comenzamos un curso incierto.

*Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación