Sin apenas darnos cuenta ya llevamos dos meses debatiendo las propuestas del MEC, y todavía hoy seguimos planteando la mayoría de organizaciones sindicales y sociales la necesidad de consensuar unos mínimos que puedan estabilizar el sistema educativo.
Una estabilidad que debe asentarse en un acuerdo de bases diseñado en la Conferencia Sectorial de Educación y bajo el prisma del necesario acuerdo económico. No podemos obviar que las Comunidades Autónomas (CCAA) gastan más del 90% de lo que se destina a educación, y quizás por todo esto deban plantearse las bases económicas del Pacto en el ámbito del Consejo Económico y Fiscal.
Desde el punto de vista presupuestario y teniendo presente la importancia de una correcta financiación en educación, hay previsto para el próximo año 2005, un crecimiento con respecto al año anterior del 7,82%, lo que demuestra el inicio de la recuperación de lo perdido en tiempos de la gestión del PP, donde se pasó del 4,9% al 4,4%, cifras estas muy alejadas de la media europea que se sitúa en torno al 6%.
Hablar de estas cifras nos permite, entre otras cosas, refrescar la memoria a quienes se olvidan de acompañar toda reforma de sus correspondientes aspectos económicos. Existen informes, como el elaborado por Alvaro Marchesi y su equipo, en el cual se analiza el gasto educativo por alumno y año y su relación con el fracaso escolar. Y aunque hay variables que de forma colateral lo matizan --formación de las familias, número de alumnos con necesidades educativas especiales por aula--, la verdad es que la inversión en educación está íntimamente ligada al éxito escolar.
Dos ejemplos sirven para demostrarlo: El País Vasco tiene un fracaso del 17% en la ESO, (en Europa se sitúa en el 20% y en España en el 26%) y además, es la comunidad que más gasta por alumno y año: 4.500 euros. El otro ejemplo lo podemos encontrar en Finlandia, país a la cabeza en índice de comprensión lectora entre alumnos de 15 años, gracias a su magnífica y extensa red de bibliotecas escolares, repartida tanto en los municipios como en los centros.
CON ESTOS DATOS, el primer objetivo del futuro Pacto por la Educación tiene que ser dotar a nuestro sistema educativo de la financiación suficiente que garantice la reducción del fracaso escolar. Aunque en el documento ministerial aparecen medidas concretas encaminadas a paliar ese fracaso, nosotros seguimos planteando que la organización de la parte variable del currículum de esta etapa educativa no puede dejarse a los centros en base a su autonomía, ya que entonces entraríamos en el campo de la "especialización curricular por centro", hecho que criticábamos a los itinerarios. Para evitar males mayores, deberá ser la Administración quien diseñe y planifique ese bloque de optativas siendo ofertadas posteriormente por todos los centros sostenidos con fondos públicos.
Pero no sólo la financiación y la diversidad son aspectos que deban preocuparnos, también debemos prestar especial atención a los Planes de Iniciación Profesional, más conocidos como PIP. ¿A qué edad deben acceder los alumnos a estos planes? La respuesta no es sencilla y las opiniones enfrentadas al respecto ya han empezado a escucharse. El Ministerio ha planteado que dicho acceso pueda efectuarse a partir de los 16 años en un intento porque todo el alumnado consiga la titulación, aunque en la realidad esto no sucede en todos los centros educativos.
Desde nuestro punto de vista, podría resultar acertado adelantar ese acceso a los 15 años, pero siempre y cuando se tengan en cuenta los informes y permisos que la Administración considere oportunos, facilitando de este modo a los alumnos su iniciación profesional y evitando al mismo tiempo que aquellos otros que tengan posibilidades de continuar sus estudios se desvíen hacia estos planes.
LO QUE DEBEMOS tener claro, y más ahora en que se avecinan nuevos cambios, es que las exigencias sociales hacia los centros y la compleja diversidad de los alumnos, requieren de una redefinición de los centros, de los trabajadores y de los mecanismos de gestión. Estos no pueden dar solución a todos los problemas sociales, familiares, etc, con los que se presentan los alumnos. Con el objetivo de adaptar los nuevos perfiles profesionales a estas nuevas exigencias, FETE propone un organigrama de funcionamiento de los centros a través de dos vicedirectores, uno académico y otro de administración y servicios, que juntamente con el director se ocuparían de la gestión en el centro. A ambas vicedirecciones se les adscribirán los diferentes profesionales que el centro necesitase.
Pero para que todos estos aspectos encuentren su arraigo en nuestro sistema educativo es necesario que en el documento ministerial aparezca uno de los aspectos más reivindicados por las organizaciones sindicales o al menos por FETE: el Estatuto de la Función Docente.
Nosotros solemos decir que la Administración no puede cometer los mismos errores que cometió con las legislaciones anteriores, olvidándose de que un profesorado motivado y reconocido en su labor es la garantía del compromiso con la nueva legislación. Por eso desde FETE seguimos manteniendo que es la hora del profesorado.
*Secretario General de FETE-UGT
