El informe pericial remitido por Caja Inmaculada (CAI) a la jueza que investiga los tejemanejes de tres directivos de la entidad y que acreditaría la administración desleal del exdirector general Tomás García Montes no hace sino aumentar el daño económico que este y los otros dos imputados ocasionaron a la caja aragonesa. La estrategia de defensa centrada en que sus prácticas eran "habituales" entre los directivos añaden un plus de suciedad al caso que debe eliminarse con el más potente limpiador. Si además, tal y como publica hoy EL PERIÓDICO, todas las operaciones que realizaba García Montes se daban por buenas sin apenas control por parte del consejo de CAI Inmuebles el hedor alcanza cierta intensidad. Urge una investigación a fondo y un debate en el Parlamento para aclarar por qué hubo tanta indolencia.
