La Junta Electoral Central (JEC) tumbó el debate electoral a cinco, incluyendo a los cuatro grandes partidos españoles más Vox, que había programado Atresmedia, la cadena que había apostado por el formato que ofrecía a Pedro Sánchez la oportunidad deseada de enfrentar su proyecto a la amenaza vociferante de Vox y poner de evidencia las connivencias del PP y Cs. La JEC ha concluido que solo es posible un debate entre los partidos con una representatividad notable a nivel español (el debate a cuatro que ofrecía TVE) o, en el caso de aceptar la entrada de una fuerza como Vox, ampliarlo a los grupos parlamentarios que ya han demostrado en las urnas un apoyo popular mayor. Ahora tanto Atresmedia como TVE se brindan a acoger un debate en las condiciones establecidas por la JEC, una solución a la que podría haberse llegado sin pasar antes por una serie de maniobras perfectamente previsibles y evitables. Todo debido a la pertinaz incapacidad de los partidos políticos para concertar una reforma de la ley electoral que estableciese criterios claros, no dependientes de los cambiantes intereses de candidatos y programadores sujetos a la coyuntura de cada convocatoria. Un marco que debería delimitar los espacios de confrontación de ideas que deberían incluirse como oferta ineludible del servicio público y el margen de discrecionalidad al que podrían acogerse las televisiones privadas.
