Los debates sobre el estado de la nación concentraban hace años una gran expectación. Ahora, las expectativas son mucho más modestas, pero el que se inicia hoy en el Congreso debería romper esa tendencia porque los problemas que afronta España son suficientemente importantes como para dejarlos de lado. Se trata de abordar las tres crisis que se superponen: la económica, la social y la territorial.

Mariano Rajoy, con seguridad, se centrará en la primera, aunque esperemos que las incitaciones de la oposición le obliguen a referirse también a las otras dos. Todo indica que el presidente venderá a los españoles una recuperación económica fruto de las reformas efectuadas por su Gobierno y avanzará algún caramelo en forma de bajada de impuestos para recuperar al electorado perdido por el grave incumplimiento del programa electoral en este aspecto. Esta rebaja de impuestos que se prepara deberá ser negociada con Bruselas, que alertará ante alegrías excesivas que luego impidan cumplir con los objetivos de déficit. Pero el cebo fiscal está preparado con evidentes objetivos electorales: envío al Congreso en primavera, antes de las europeas, y entrada en vigor en el 2015, año en que habrá comicios municipales y generales. El problema del discurso del optimismo económico es que la gente aún no se lo cree. Y en este punto insistirá el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que resaltará los destrozos sociales de las reformas/recortes del Gobierno del PP. Destrozos que no se limitan a la economía, según el PSOE, sino a los derechos sociales, como el retroceso en la regulación del aborto, punto clave de la oposición socialista.

Rubalcaba ha anunciado que interpelará también a Rajoy sobre el proceso soberanista en Cataluña, cuestión sobre la que no se esperan novedades. Y, sin embargo, el tiempo apremia, por lo que sería muy conveniente que del debate saliera alguna iniciativa que rescatara el clima de diálogo entre Rajoy y Artur Mas. Las constantes referencias al diálogo no pueden quedarse en meras apelaciones, sino que ambos gobiernos deben ponerse a hablar en serio y buscar soluciones de consenso. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding así lo sugirió en su visita este fin de semana a Barcelona, destacando que en la arquitectura institucional europea incomoda profundamente un nuevo conflicto jurídico-político en el seno de la unión.