Si el decreto de afecciones en materia de inundabilidad promovido por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) saltó a la luz como responsable de las modificaciones que ocasionaría la implantación de instalaciones festivas junto al cauce, ahora las críticas se amplían. La Diputación Provincial de Huesca pide una moratoria para que empresas y particulares se adapten a una situación que les afecta directamente. Y no solo reclama un régimen transitorio, acusa directamente a la CHE de dejación de funciones por no limpiar los ríos y afluentes. Aunque una moratoria de dos años no aparenta ser una solución que evite ese frenazo al desarrollo económico y empresarial que se denuncia.