El análisis anunciado por el Gobierno central sobre la posible inconstitucionalidad de la ley de capitalidad en Zaragoza ha abierto un nuevo frente en el conflicto que se inició entre ZeC y la oposición municipal, con las sociedades municipales de fondo. La respuesta del alcalde Pedro Santisteve ha sido acusar al Ejecutivo central de intentar desestabilizar a la DGA, cuyo consejero de Presidencia, Vicente Guillén, reiteró el apoyo a la ley. Queda en el aire la complicada posición del PSOE y CHA , que en el consistorio ponen en duda el uso de la normativa y en el Pignatelli la avalan.
