La Consejería de Hacienda, de la que acaba de hacerse cargo Javier Campoy, ya tiene perfilado el llamado Plan de Reequlibrio Financiero, la herramienta con la que se pretende ajustar el desfase del déficit del 2013 y cuyo coste político se saldó con la salida del Gobierno aragonés del anterior consejero, José Luis Saz. La cifra sobre la que se va a actuar es de 80 millones de euros. Se considera que es el déficit estructural procedente del gasto sanitario y afectará a todos los departamentos como opción más pausible y significará un recorte del entorno del 2%. Se quiere mantener la excepcionalidad en Sanidad, Educación y Agricultura (por depender de fondos europeos) con la intención de salvar de la medida el llamado gasto social. En resumen, una mala gestión del déficit aboca a nuevos recortes en los presupuestos.