Es muy grave que un líder político de Aragón, Nacho Escartín, afirme que «huele un poquito a prevaricación» el archivo del expediente por los disturbios ocurridos en septiembre pasado junto al pabellón Siglo XXI de Zaragoza, donde se celebraba una convención de Podemos. Allí estuvieron recluidos sin poder salir porque un grupo les amenazaba e incluso la presidenta de las Cortes recibió un botellazo. El delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, debe explicar lo que pasó. Acosar a cargos públicos, sean del partido que sean, y atacar a la segunda autoridad de Aragón no puede quedar impune. Que explique qué se ha investigado y por qué ningún manifestante, que fueron grabados, ha sido sancionado.
