El delegado del Gobierno, Javier Fernández, está siendo muy tibio con el caso del 13-M. Ya se sabe que la Justicia tiene autoridad suficiente para encargar a la Policía que unas personas acudan a declarar. Pero todas las preguntas que se hacen de cómo se ha identificado a esos ciudadanos que se manifestaron el día de reflexión ante la sede del PP en Zaragoza y por qué se llama a familiares y a novias... siguen sin respuesta. El delegado sí tiene autoridad para decir si hay o no archivos secretos, que no lo ha aclarado, y, por supuesto, puede opinar políticamente sobre una actuación judicial muy extraña.
