El juez Carlos Lasala ha llamado a declarar a 37 ciudadanos para que aclaren su participación en una espontánea manifestación ante la zaragozana sede del PP el pasado 13 de marzo. Los 37 ciudadanos, junto con decenas de zaragozanos más, se concentraron aquella víspera electoral ante la sede del partido en el Gobierno exigiendo conocer la verdad sobre la autoría de los atentados de Madrid, autoría que el Gobierno seguía adjudicando aquella tarde a ETA cuando todos los indicios policiales y judiciales apuntaban al terrorismo islámico. Los manifestantes salieron a la calle para ejercer sus derechos de libertad de expresión y circulación, pero fueron denunciados por vulnerar la ley electoral en jornada de reflexión. Hasta aquí --el cabreo de los manifestantes por las mentiras y las medias verdades oficiales, y el de los dirigentes del PP cuando vieron rodeada su sede-- todo entra dentro de la lógica democrática, pero se convierte en auténtico disparate cuando la denuncia toma cuerpo en el juzgado para retroceder a tiempos que fueron abolidos por el Estado de derecho.
Si sólo 20 de los 37 manifestantes llamados a declarar fueron identificados aquella noche, ¿quién ha identificado a los otros 17? ¿Cómo? ¿Mediante qué procedimiento? ¿Acaso existen ficheros policiales? En ese caso, ¿con qué imágenes de esa noche se contrastaron los supuestos ficheros? Alguien tendrá que dar respuesta a tantas dudas para que a los ciudadanos no nos quede la terrible sensación de que no se han respetado todos los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos llamados a declarar por el juez.
