Democracias optimistas

En otro artículo señalaba que la reacción ante la barbarie neoliberal hay que buscarla fuera de Europa. Sobre todo en el continente sudamericano. Hoy los proyectos políticos progresistas antineoliberales están en Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Una prueba de ello, puede servir lo expresado por el filósofo colombiano, escritor y profesor de Derecho en la Universidad de Londres Oscar Guardiola-Rivera, y autor del libro Si Latinoamérica gobernase el mundo. De cómo el Sur guiará al Norte hacia el siglo XXII, en el que a las "democracias pesimistas" del mundo desarrollado occidental, contrapone las "democracias optimistas" sudamericanas. Ha quedado claro que en la Unión Europea y USA la crisis del 2008 es el fracaso estrepitoso de un modelo económico y de una democracia estrictamente formal, que está dejando sin presente ni futuro a toda una generación de jóvenes, y donde el dinero público se destina para rescatar la banca privada a costa de crueles sacrificios del pueblo. En cambio en Bolivia, Ecuador, Venezuela o Brasil existe otro presente y se vislumbra otro futuro, donde desde el ámbito institucional las políticas están impregnadas de justicia social, empujadas desde abajo por los movimientos de base, lo que significa que el dinero público se destina a subvencionar a las poblaciones. La diferencia es crucial. Eso sí, desde todo el aparato mediático del mundo desarrollado, se califican a gobernantes como Evo Morales, Correa, Chaves o Maduro de populistas. Si esto es populismo, bienvenido sea. Es mucho más ético socorrer a las poblaciones que a los bancos. Reafirmándome en la idea expuesta. Voy a contraponer las diferencias entre España y Ecuador en relación a un tema crucial: la deuda pública. Para ello recurriré al libro de Gerardo Pisarello profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática. Mientras que en España el plantear una auditoría sobre la deuda es considerado por todo el establishement como una locura, en Ecuador, en julio de 2007, al poco de llegar al poder Rafael Correa puso en marcha una Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, un organismo integrado por juristas, economistas y especialistas de diferentes países, dependiente del Ministerio de Finanzas con el objetivo de auditar durante un año, los créditos internos y externos obtenidos por el sector público ecuatoriano, provenientes de gobiernos e instituciones del sistema financiero internacional y nacional, desde 1976 hasta 2006. El Informe de la CAICP concluyó que una gran parte de los préstamos concedidos a Ecuador vulneraban el derecho internacional y por ello eran deuda ilegítima. Por ende, Correa decidió suspender el pago de intereses de parte de la deuda y una reestructuración de una parte importante de la misma, no por falta de recursos, sino por claros indicios de ilegalidad e ilegitimidad. Estas decisiones valientes supusieron adquirir en 2009 títulos de deuda valorados en 3.200 millones de dólares por 900, esto es, con una reducción de entre el 65% y u 70% de su valor.

Por otra parte, es conocida la reforma del artículo 135 de nuestra Carta Magna. La Troika, los grandes inversores privados y el poder hegemónico político-financiero alemán decidieron, no el pueblo español, que era imprescindible blindar constitucionalmente las políticas de austeridad. España, en connivencia de los dos grandes partidos, cumplió sumisa estos requerimientos. Primero, permitió el aumento de la deuda pública a cuenta del rescate incondicionado de las entidades financieras. Luego, aceptó proceder, sin ninguna discusión, a la reforma del artículo 135, el cual en uno de sus apartados especifica los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.

En la Constitución ecuatoriana, en el Título VI está el Capítulo IV sobre soberanía económica, y en el dedica una Sección especial al tema del endeudamiento público. El artículo 289 especifica que "La contratación de deuda pública será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley". El Estado promoverá que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. En el 290 "El endeudamiento público no afectará a la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza. Los convenios de renegociación no contendrán ninguna forma de anatocismo o usura. Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas por organismo competente. Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades causadas por la adquisición y manejo de deuda pública. Se prohíbe la estatización de deudas privadas. Profesor de instituto