No por esperadas, las cifras del aumento del paro en el mes de marzo dejan de ser demoledoras: 800.000 personas menos cotizando a la Seguridad Social y un total de 3,5 millones de parados. En dos semanas se ha destruido toda la ocupación creada en dos años. A ello hay que sumar más de 2 millones de trabajadores que, por ahora, han entrado en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y que no han dejado de cotizar pero sí que han perdido, como mínimo, el 30% de su salario. Parar un país tiene sus costes, que se deberían compensar por los beneficios de darle el vuelco a la pandemia del covid-19: España ya es el país en el que, en números absolutos, se han curado más personas entre los contagiados sometidos a un test. Esa es la realidad que hay que asumir. Las decisiones tienen consecuencias que, aunque sean indeseables, se compensan por los objetivos que se han determinado previamente.

Este impacto de la crisis sanitaria en la ocupación justifica, por si alguien tenía alguna duda, la batería de medidas que ha puesto en marcha el Gobierno desde la declaración del estado de alarma. La precariedad y la temporalidad del empleo en España hacían predecible este impacto inmediato. El cierre de la hostelería y de la restauración en un país turístico justo cuando empieza la temporada convertía en inevitable que se engrosasen las filas del paro. A ello hay que añadir otros sectores tradicionalmente estacionales, como la educación y los servicios en las escuelas. El paro ha llegado de golpe aunque aún hay discrepancias entre los expertos sobre lo que puede ocurrir en abril, algunos auguran otro tirón similar mientras que otros consideran que el grueso del empleo que puede quedar destruido por la hibernación de la economía ya lo ha hecho en estos primeros quince días. Otra cosa será lo que pase a medio plazo con la viabilidad de las empresas que han mantenido a los empleados con o sin erte.

Las cifras del paro son un indicador de los esfuerzos que habrá que hacer para favorecer la recuperación económica. El Gobierno habla ya de unos nuevos Pactos de la Moncloa. Serían más justificados que nunca y favorecerían un clima de acuerdo social entre empresarios y trabajadores que ayudaría a acelerar la recuperación fijando unos modelos equitativos de sacrificio y de contribución a la puesta en marcha del sistema productivo, aprovechando igualmente la ocasión para transformar muchos sectores e incluso el modelo de contratación laboral. Un acuerdo de estas características que reforzaría al mismo tiempo la posición española en el debate europeo de las próximas semanas. Se aleja la posibilidad de una emisión de eurobonos mientras que el plan Marshall que pidió Sánchez depende de los presupuestos de la UE. Volvemos, de alguna manera, a los años 90 con programas de ayudas al desarrollo antes que con préstamos mutualizados. Más recursos pero sometidos a condicionalidad, de manera que el reto español vuelve a ser, como entonces, crear el clima para poder cumplir con una condiciones que serán duras como lo fueron las de la entrada en la UE o en el euro.