Los inmigrantes con residencia legal que tramitan la obtención de la nacionalidad española se ven obligados a entrar en un proceso administrativo ante el Registro Civil que se convierte en un auténtico embudo. Aunque el Gobierno de Aragón intentó aligerar el servicio con la incorporación desde septiembre de cuatro nuevos funcionarios, las quejas de los letrados del servicio de atención jurídica al inmigrante continúan, incluso con denuncias ante el Justicia y el Consejo General de Poder Judicial. Hay que buscar soluciones.